Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó esta investigación que gira en torno a los factores de riesgo y protección para las personas retornadas a El Salvador”, dijo Héctor Carrillo, director de FESPAD. Entre las recomendaciones están que las personas retornadas deben contar con condiciones dignas
Carrillo expresó que cualquier persona que por algún motivo tuvo que salir del país y tengan que regresar, ya sea de manera voluntaria o por algún otro motivo que les fuerza a ello, deben contar con condiciones dignas y respuestas integrales a sus necesidades y expectativas personales.
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En el Panel Fórum: Reflexión sobre la Migración, la Población Retornada y las Responsabilidades de Estado, organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de derechos humanos abordaron la vulnerabilidad de las personas retornadas, los factores de riesgo y protección en El Salvador.
“Sabemos que la mayoría de personas migran por la situación económica, pero hay circunstancias por las cuales deben retornar. Y la investigación recoge esas situaciones que deben enfrentar personas”, agregó Carrillo.
“Y más allá, de presentar una investigación lo que queremos hacer como FESPAD es generar un espacio de reflexión sobre la necesidad de impulsar acciones integrales para todas aquellas personas que regresan a El Salvador y se han visto obligadas a retornar”, reiteró Carrillo.
Cualquier salvadoreño o salvadoreña debería contar con la oportunidad que al regresar al país lo haga en condiciones de dignidad. Y las instancias de gobierno deben promoverlo para generar confianza, pero esto pasa porque El Salvador brinde esas condiciones.
“Como FESPAD compartimos -como muchos- que es necesario un nuevo El Salvador, y sí es necesario y es posible, pero tiene que ser el Estado quien garantice a toda su población todos los derechos más elementales y de manera particular los derechos sociales, económicos y culturales”, manifestó.
“De tal manera que las personas ni tengan necesidad de irse del país, o las que retornen lo hagan en condiciones de dignidad, pero hay poca información sobre programas que impulsan instancias gubernamentales y poca información sobre resultados positivos de esos programas”, sostuvo Carrillo.
Derechos de personas retornadas no están siendo garantizados
Para el Director de FESPAD, uno de los datos llamativos que recoge la investigación es la supuesta “disminución de personas que retornan a El Salvador”, al señalar que esto debe ser tema de mayor análisis y que las cantidades que están registradas sólo entre enero a junio 2024, son de alrededor de 7 mil personas que han retornado.
“Lo significativo de esta investigación, en realidad, es que dentro de los casos que se pudieron constatar se encontraron innumerables desatenciones en el tema de salud de personas retornadas, sus problemas para incorporarse a la vida laboral, para acceder a la vivienda y la educación”, comentó.
“Se necesita un nuevo El Salvador, en donde realmente el Estado ponga al centro a la persona humana, el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, en donde la estrategia fundamental para detener la migración sea el pleno goce de los derechos humanos y particularmente de los derechos sociales, económicos y culturales”, reafirmó Carrillo.
Y para lograr dichas condiciones, eran esenciales las acciones interinstitucionales para dar una respuesta adecuada e integral a las personas que retornan al país.
También es necesario el establecimiento de la colaboración entre instituciones gubernamentales en el ámbito municipal y central y la academia para solventar o dar respuestas tan básicas como el acceso a la educación de personas retornadas.
“Hacen falta esas respuestas integrales y eso pretende esta investigación, que realmente es el inicio de los acercamientos con la institucionalidad del Estado a nivel local para poder dar respuestas a personas retornadas”, consideró Carrillo.
Entre 40 a 70 mil salvadoreños emigran cada año
Oscar Sánchez, consultor de la investigación, afirmó que solamente tienen estimaciones de cuántas personas migran de El Salvador cada año, porque cuantificarlas de manera más precisa es difícil ante la poca información de la misma en instancias gubernamentales.
“Esto es difícil porque son cientos de personas que no se contabilizan, pero hay un estimado que son entre 40 a 70 mil salvadoreños que migran de forma irregular cada año”, señaló.
Y pese a los esfuerzos regionales e internacionales para mitigar este “fenómeno migratorio irregular” se complica por el constante acoso de factores económicos y sociales que debido a su complejidad mantienen la tendencia de un estado de flujo constante.
“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informan que han detenido un total de 283 mil 575 personas migrantes salvadoreñas en el período 2021 a mayo 2024. Y en otro estudio sobre la deserción escolar en El Salvador, se identificó que de cada 10 jóvenes en bachillerato, 7 tienen la voluntad de migrar a corto plazo de manera irregular”, indicó Sánchez.
En cuanto al retorno de las personas migrantes, afirmó que tiene varias motivos como el “voluntario”, que es el caso de personas que migran a un país X para estudiar un postgrado y al culminar pueden optar por quedarse o retornar a su país de origen, a esto le llamó el “retorno voluntario”.
“Y tenemos el -Retorno Voluntario Forzado-, en donde hay una serie de condiciones que los y las salvadoreñas sufrieron en el país de destino; por lo que se sienten obligados a regresar. Y puede ser en el país de tránsito o destino, digamos comienza a ser extorsionada o presionada, eso es factor de peso o forzoso que lleva a la persona migrante a tomar la decisión de retornar”, explicó Sánhez.
La FESPAD, en sus recomendaciones a la institucionalidad de gobierno, enfatizó en el fortalecimiento de alianzas con organizaciones ya establecidas, tanto local como internacionalmente, y que cuentan con experiencia de trabajo con atención a este segmento de la población, a fin de proporcionar acceso a recursos, conocimientos y redes, cruciales para que sean efectivos los programas dirigidos a migrantes.
Otra recomendación es mejorar la coordinación interinstitucional, estableciendo mecanismo más eficaces de coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que están involucradas en la reintegración de personas migrantes retornadas. Creando una plataforma intersectorial que facilite el intercambio de información con acceso a la población que derive en la planificación de intervenciones conjuntas.