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Marcos Pérez
@Marcos_Perez30
El proyecto fortalecimiento del estado de derecho en el triángulo Norte de América Central (FEDAC-TN) realizó un conversatorio sobre “Perspectivas de la sociedad civil para el fortalecimiento del derecho un análisis del contexto salvadoreño”.
También FUSADES presentó un informe sobre “Coyuntura Legal e Institucionalidad” del segundo semestre de 2020 e inicios del 2021, el cual se caracteriza por la continuación de acciones antidemocráticas y contrarias al Estado de derecho realizadas por el Órgano Ejecutivo actual.
La periodista y defensora de los derechos humanos, Celia Medrano expresó: “Con estos conversatorios lo que se busca es dar propuestas o generar propuestas a partir del resultado del análisis de la sistematización de las diferentes intervenciones que se han dado, tanto de jueces y magistrados, abogados, litigantes, periodistas, operadores del sistema judicial, mostrando un diagnóstico sobre aspectos relacionados a debilidades, avances, amenazas y retos en materia de la integridad e independencia judicial”.
En este esfuerzo se incluyó a diferentes actores, además países como Honduras y Guatemala.
Medrano dijo que en El Salvador se han manifestado conflictos inter órganos y una polarización que se ha generado entre los diferentes órganos del Estado, donde no se acatan resoluciones o dicen no estar de acuerdo con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). O donde el órgano Ejecutivo manifiesta estar en desacuerdo con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, estableciendo que “siempre se ha respetado desde los acuerdos de paz las reglas básicas del juego de institucionalidad democrática”.
A partir de junio de 2019 se ha tenido una confrontación entre el órgano ejecutivo y el órgano Legislativo.
Medrano dice que “este 28 de febrero ya se lleva una tendencia clara donde se busca tener el control a través de las elecciones de segunda mano donde el ejecutivo busca tener un control mayoritario para tener el control del órgano Judicial”.
Además, agregó que la intención de buscar un control va en escalada y no ha tenido una disimulación desde junio de 2019, ya que es clara la confrontación con el órgano Judicial.
Por otra parte, sobre integridad y garantías judiciales hay pocos avances, ya que no se ven acciones contra la corrupción, en temas sobre corrupción entre jueces y juezas, magistrados en el ejercicio de sus funciones para destituirlos. A nivel gremial hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, el comportamiento que tienen las diferentes asociaciones las cuales cumplen un papel importante en las elecciones del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
El abogado Javier Castro, de FUSADES, explicó sobre el Estado de derecho y trasparencia. Además, como fundación presentaron el informe sobre “coyuntura legal e institucional del año 2020”.
El informe contiene tres grandes partes, un eje que contempla el estado de derecho, otro eje que refiere al marco de transparencia y otro al clima de negocios y seguridad ciudadana que se nutre de indicadores internaciones y nacionales.
En relación al Estado de Derecho en el país Javier Castro expresó que “cuando observamos el estado de derecho vemos una tendencia al deterioro, ya que en los anteriores informes, ya mencionábamos esa preocupación por actuaciones y acciones como el 9 de febrero, por la militarización de la Asamblea Legislativa, que implicó una ruptura del orden constitucional”.
Además de otras violaciones de otros derechos en 2020, en donde se mira un patrón de acciones antidemocráticas en el marco de la pandemia, donde se vulneraron derechos fundamentales y esto lo advirtió la Sala de lo Constitucional, así como la procuraduría para la defensa de los derechos humanos, medios de comunicación nacionales e internacionales, que ponen en peligro el Estado de Derecho, explicó Castro.
En este informe FUSADES recalca que el patrón se ha venido repitiendo y se materializa en la desnaturalización del rol de los cuerpos de seguridad.
“Donde policía y Fuerza Armada desobedecen órdenes de otros órganos de estado en aplicación de facultades que da la misma constitución. Lo cual es una acción crítica y preocupante, ya que tienen que estar apegados al orden jurídico constitucional”, enfatizó Castro.
Castro dijo que el informe de la revista Economist de 2020, sobre El Salvador, evalúa una baja en la democracia, ya que va perdiendo el Estado de Derecho por acciones autoritarias y que, si se sigue en esa tendencia, lo que va a pasar es que perdamos todo el orden democrático.
“Cuando analizamos la justicia vemos algunos elementos como resoluciones de la Sala de lo Constitucional que han sido emitidas y hacemos un planteamiento que requiere que la justicia actué pronto, ya que daña la función de democrática y la función disciplinaria de el rol de justicia de los jueces y abogados”, expresó Castro.
