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Por Moises Ávila/Roberto Cortijo/Lima/AFP
Perú declaró el estado de emergencia en la provincia del Callao, sick vecina de Lima, doctor donde se ubican el mayor puerto y aeropuerto del país, doctor para combatir la ola de delincuencia, sicariato, narcotráfico y extorsión, que ha provocado muertes por riñas entre bandas.
«He dispuesto, sobre esta situación y coyuntura que está pasando en el Callao, que se declare el estado de emergencia para enfrentar la delincuencia y poner orden interno como debe ser», dijo el presidente Ollanta Humala a la prensa, tras participar de un foro empresarial. Próximamente se publicará el dispositivo legal para autorizar esta medida.
La declaratoria de emergencia, que en principio será por 45 días, era un pedido de sectores políticos y de la ciudadanía. El gobernador del Callao, Félix Moreno, invocó la mañana del viernes al gobernante Humala a tomar esa decisión, para pacificar la provincia.
Humala indicó que el objetivo de la declaratoria es «fortalecer a la Policía Nacional para que pueda enfrentar con mayor fuerza y un mejor marco jurídico a la delincuencia».
Una declaratoria de emergencia implica la suspensión de los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio, y supone la participación de las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en el resguardo de la seguridad.
No obstante, Humala aclaró que las tropas no participarán en labores de seguridad ciudadana, pero se establecerá un marco legal para que intervengan en caso se requiera.
Alto índice de delincuencia
Los índices de delincuencia e inseguridad en la Provincia Constitucional del Callao han subido notoriamente en los últimos meses por el accionar de bandas criminales y de sicarios.
Según datos oficiales, en Perú ocurren 6,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, índice que casi se triplica en el Callao. En lo que va del año, la provincia acumula 150 denuncias por homicidio, según la justicia.
Hace dos días, un personaje con amplio prontuario e implicado en denuncias contra autoridades locales, fue asesinado de 25 balazos en el Callao, tras ser emboscado en su auto por ocho personas que iban en dos vehículos.
Según las investigaciones policiales, su muerte se debería a enfrentamientos entre bandas rivales y al pago de cupos, un sistema que se ha extendido en esa provincia a comerciantes, constructores y empresarios.
Pleito de bandas
El ministro del Interior, José Pérez, explicó que, con esta medida, la policía va a poder entrar a un domicilio dónde tenga la sospecha de algún crimen, reunión de delincuentes o bandas o presencia de armamento y detener personas, todo esto sin mandato judicial.
«Es una situación excepcional, dadas las circunstancias del Callao. Una de las razones es porque están concentrando el crimen organizado conectado con el narcotráfico. Esa conexión tiene sus tentáculos en el exterior. Allí hay puerto y aeropuerto. Entonces, la concentración de la exportación de droga se plantea en esos dos lugares», detalló el ministro en conferencia de prensa.
Perú, junto con Colombia y Bolivia, es uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca, insumo clave para la elaboración de cocaína.
«La Policía Nacional se percató que es altamente probable que las bandas criminales comiencen una guerra entre ellas. Más allá de lo que puedan hacerse entre ellos, queremos proteger a la ciudadanía. Es nuestra obligación resguardar la vida», comentó.
Explicó además que las labores de interceptación de vuelos del narcotráfico, que empezarán a realizarse en la selva central del Perú, obligará a los narcotraficantes a tratar de salir por el Callao.
«Vamos a tener una mayor presión allí», precisó.
La acción de sicarios y extorsionadores se ha incrementado en el último año en Perú. Gobernadores y alcaldes de distintas ciudades también han pedido al gobierno que declare en emergencia sus ciudades y permita el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad.
Un grupo de extorsionadores llegó incluso a sembrar terror en algunos colegios de la periferia de la capital, al dejar granadas en sus puertas, con pedidos de pago de montos de dinero para permitirles trabajar. En septiembre, un policía murió tratando de desactivar un explosivo en las cercanías de una escuela.
La falta de acción policial motivó a la ciudadanía a lanzar una campaña denominada «chapa tu choro (atrapa a tu ladrón) y déjalo paralítico» para realizar arrestos ciudadanos y aporrear a los delincuentes, en medio del estupor de las autoridades.
