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LIMA/Xinhua
El Gobierno de Perú declaró este miércoles estado de emergencia en todo el país por 30 días para controlar las manifestaciones violentas que se registran en varias regiones, informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos”, actos que están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, anunció Otárola tras una reunión del Consejo de Ministros. Explicó que esta medida, que será publicada en el diario oficial El Peruano, significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal.
En declaraciones a la prensa afuera del Palacio de Gobierno, Otárola dijo que las acciones vandálicas, que dejan hasta el momento siete fallecidos en el sur del país, “requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del Gobierno”.
Sostuvo que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución “van a ser protegidos por el Gobierno” para que la ciudadanía “pueda tener la seguridad y la certeza” de que primero se controlará “el orden interno”, y luego se asegurará el libre tránsito y la paz “para todos los peruanos”.
Al ser consultado si en el marco de la emergencia se declarará toque de queda, respondió que “existe esa posibilidad”, pero que eso lo definirá el Consejo de Ministros en el transcurso del día. La decisión gubernamental surge en respuesta a las violentas protestas y disturbios que dejan al menos siete manifestantes muertos en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa, aparte de más de 100 policías heridos en todo el país.
La administración peruana declaró en emergencia el martes la Red Nacional Vial, con la finalidad de garantizar el libre tránsito de la ciudadanía.
En ese marco, dispuso que las Fuerzas Armadas protejan puntos estratégicos nacionales, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructuras que, por su valor estratégico, “sirven para asegurar la vida y subsistencia de todos los peruanos”.
Las protestas, que iniciaron el pasado 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, se han ido intensificando en los últimos días en el sur del país y ahora se comienzan a registrar focos de movilizaciones en ciudades norteñas, como La Libertad.
Los ciudadanos, en su mayoría seguidores de Castillo, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y la liberación del exmandatario, quien considera que la continuidad de su detención es un “atropello”.
La detención preliminar de Castillo por siete días se cumple este miércoles, pero la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial que declare 18 meses de prisión preventiva en su contra, una solicitud que la Justicia resolverá en una audiencia que reprogramó para mañana jueves.
Ante ese hecho, Castillo, señalado del presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración, pidió vía Twitter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “interceda” por sus derechos.
