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Lima/Prensa Latina
Un equipo de la Fiscalía la Nación de Perú visitó este lunes la Presidencia del Consejo de Ministros para acceder a documentos como parte de una investigación a la presidenta Dina Boluarte y varios de sus colaboradores.
La diligencia se cumplió en medio de una polémica sobre la primera muerte en Lima en una protesta, que se sumó a las 46 anteriores en otras regiones del país, en circunstancias similares.
En las investigaciones están comprendidos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.
Entretanto, persiste la polémica en torno a la causa de la muerte de Víctor Santisteban, de 75 años, muerto el sábado último víctima de un impacto en la cabeza, de una granada de gas lacrimógeno disparada por un policía, según los manifestantes, y de una piedra, como insinuó hoy la ministra de Salud Rosa Gtiérrez.
El tema genera dudas por un cambio en el informe del Ministerio del Interior, que en un primer momento reportó, como los médicos que recibieron agónico a Santisteban, quien había sufrido un traumatismo encefalocraneano grave con exposición de masa cerebral. Luego se cambió por “herida contuso-cortante detrás de la oreja, producto de un golpe”, en lo que se basó la ministra.
La hermana del occiso, Elizabeth Santisteban, rechazó lo que llamó manipulación del Gobierno para descartar que el autor no fue un policía, como muestra un video del medio de prensa de Internet Wayka.
El Ministerio Público abrió una investigación “por la presunta comisión del delito de homicidio en el contexto de violación de los derechos humanos en protestas sociales, en contra de los que resulten responsables”.
Otro video muedstra con mayor claridad cuando un manifestante en actitud pasiva, la misma noche, recibe un impacto y se desploma y acualmente está grave, también por un trauma encéfalocraneano grave.
La Policía y los medios de prensa contrarios a las protestas son elogiados por el Gobierno, mientras una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que un 56 por ciento de los consultados creen que hubo excesos policiales contra los manifestantes y 23 por ciento sostiene que actuaron adecuadamente.
El mismo sondeo consigna que el 60 por ciento opinan que los medios de comunicación informan de manera parcializada sobre las protestas, con las cuales se identifican el 59 por ciento de los encuestados.
Además, el 75 por ciento plantean la renuncia de la presidenta, mientras que el reclamo de cierre del Congreso es reclamado por 74 de cada 100 interrogados.
Las elecciones adelantadas este año y la exigencia de una asamblea constituyente sobresalieron también con el apoyo de 73 y 69 puntos porcentuales, respectivamente, en coincidencia con las cuatro principales demandas de las protestas.
