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LIMA/Xinhua
El Gobierno de Perú decidió llamar a consulta a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, tras considerar “intromisión en asuntos internos” de parte de los mandatarios de esos países, anunció hoy jueves la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi.
“Con la señora presidenta de la República (Dina Boluarte), hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima de nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, indicó la funcionaria desde la sede de la cancillería, en la capital.
Gervasi criticó que en días pasados esas naciones cuestionaron la sucesión presidencial de Boluarte, realizada “en estricto apego a la Constitución del Perú”.
Boluarte asumió el mando el pasado 7 de diciembre, luego de que el Congreso aprobó con amplia mayoría la destitución de Pedro Castillo por presunta “incapacidad moral permanente”, luego de que éste intentara sin éxito disolver el Parlamento. Posteriormente, fue destituido y detenido.
A decir de Gervasi, dichos gobiernos expresaron esta semana en un comunicado conjunto su “profunda preocupación” por lo ocurrido y sostuvieron que, desde su elección en 2021, Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento” y fue “objeto de un tratamiento judicial” violatorio del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ello, Gervasi afirmó que en Perú existe pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes, y también se garantiza el acceso de todos los ciudadanos a una Justicia independiente.
Consideró que la declaración de las cuatro naciones “no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países”.
En días pasados, la cancillería explicó que la destitución de Castillo se debió a “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó” al intentar cerrar el Legislativo e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
