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Telesur
Cientos de peruanos salieron a protestar el jueves en las principales calles del país ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar mediante indulto al expresidente Alberto Fujimori.
Organizaciones sociales convocaron a partir de las 21H00, hora local, a la Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, capital de la nación. Más adelante, los manifestantes se congregaron en la sede del TC.
Las personas condenaban a viva voz el fallo del ente judicial y con gran indignación corearon consignas contrarias al indulto. Otras manifestaciones tuvieron lugar también en Cusco, Ayacucho y Arequipa.
El grupo político Nuevo Perú uno de los principales convocantes a la marcha, movió en redes sociales la etiqueta “IndultoEsInsulto” e invitó a sus seguidores a «tomar la calle contra la impunidad».
Asimismo, el colectivo No a Keiko indicó que se sumaría a las movilizaciones en la calle “por aquellos que ya no están y por los familiares de los deudos que ven arrebatada la poca justicia que encontraron”.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, confirmó en su cuenta en Twitter la decisión del Tribunal que votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y lo dejaran en libertad por motivos humanitarios.
El viceministro de justicia peruano, Juan Carrasco Millones, anunció que desde el Ejecutivo se estaba coordinando acciones a tomar para anular el fallo. De acuerdo con Carrasco, el Gobierno planea acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente Pedro Castillo comentó que el fallo evidencia la crisis institucional a la cual se refirió en su mensaje al Congreso. “Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, instó.
Fujimori, de 83 años, recibió un indulto en la Nochebuena de 2017, luego de 10 años de cárcel, pero la decisión fue revocada meses después por intermediación de un tribunal internacional que consideró la medida irregular.
El exjefe de Estado, quien gobernó entre 1990 y el 2000, fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con escuadrones de la muerte que reprimieron en Perú, las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). Además, por el envío militares a disolver al Congreso y reformuló la Constitución.
