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Por Noe Leiva
Tegucigalpa/AFP
Autoridades hondureñas detuvieron a cuatro personas sospechosas de participar en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, medicine informó la fiscalía, aunque la familia de ella manifestó sus reservas sobre la posibilidad de hacer justicia en el caso.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, indicó a la AFP que cuatro personas habían sido detenidas por su posible implicación en el asesinato de Cáceres.
El Ministerio Público (fiscalía) informó en un comunicado que los detenidos son Sergio Antonio Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Edilson Atilio Duarte Meza.
La dependencia explicó que «la acción promovida ante los tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el testigo protegido (el mexicano Gustavo Castro, está) sustentado en evidencia probatoria (…) en pruebas científicas».
La captura, según el informe, se produjo como parte de la Operación Jaguar en la capital y en los puertos caribeños de La Ceiba y Trujillo.
Según medios locales, el detenido Rodríguez Orellana, de 49 años, es empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), con la cual Cáceres tuvo fuertes disputas, mientras que Díaz Chávez es un militar activo y Duarte Meza es un militar retirado.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Alvarez, declaró a medios locales que el mayor de infantería Díaz Chávez fue puesto a la orden de las autoridades judiciales.
«A la familia de Berta Cáceres le pedimos disculpas si un miembro de la institución participó en este hecho tan bochornoso», lamentó.
Por su parte, Gustavo Cáceres, hermano de la ambientalista asesinada, dijo a la AFP que su familia mantiene «reservas» sobre las capturas.
«Como familia hemos acordado mantener reservas sobre estas capturas porque (en Honduras) se capturan sospechosos y a las tres semanas los liberan» por falta de pruebas, explicó.
Entre dudas
En un comunicado la familia y Copinh manifestaron que «debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles».
Sin embargo, «la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado, y es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva», añadieron.
Añadieron que «si el Estado realmente ha realizado una investigación exhaustiva, diligente, basados en pruebas científicas y respecto de todas las autorías (material e intelectual), hoy mismo debería aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, a través de un grupo de personas expertas independientes se analicen las actuaciones hasta ahora realizadas».
Una persona que se identificó como Ricardo Valladares y hermano de Rodríguez Orellana, se quejó que «es una grosería que la fiscalía venga (a acusar) sin tener pruebas», al tiempo que consideró que la detención es un «show montado porque no han averiguado cómo son las cosas» del crimen.
Sin embargo, la embajada de Estados Unidos, que desde el inicio condenó el asesinato y ofreció ayuda al gobierno para investigarlo, dio su «bienvenida a las detenciones» y anunció que dará seguimiento al proceso judicial y a nuevas detenciones.
El presidente Juan Orlando Hernández felicitó a las autoridades judiciales por los arrestos, calificando el asesinato de Cáceres como «un golpe para el Estado de Honduras».
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza.
Durante el ataque, se encontraba junto a Cáceres el mexicano Gustavo Castro, quien resultó levemente herido.
Berta Cáceres gozaba de medidas cautelares de la CIDH por supuestas amenazas de la empresa DESA.
