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Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos compartió en sus redes sociales la respuesta del gobierno de El Salvador, a la petición del Sistema de Naciones Unidas (ONU), sobre las capturas de cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES. Las respuestas del Gobierno preocupan a la relatora, y pide que los ambientalistas sean liberados.
“He escrito al gobierno de El Salvador sobre la detención de los cinco defensores de Santa Marta y recibido una respuesta. Sigo muy preocupada por su detención. Deben ser liberados”, afirmó Mary Lawlorhrds.
Las cuatro Relatorías Especiales de la ONU solicitaron información sobre las condiciones y el estado jurídico de Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, defensoras de derechos humanos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES-Santa Marta), y de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio, líderes de la comunidad Santa Marta, del municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
En la respuesta el gobierno de El Salvador se ciñó en que la captura, ordenada por la Fiscalía General de la República se dio en cumplimiento de la investigación del delito, y que se enmarcaban en principios de objetividad e independencia. Y que dicha detención y procesamiento “no se encuentra relacionados, en modo alguno, con actividades de defensores de derechos humanos”.
No obstante, en el caso simbólico de la masacre de El Mozote, que es el único caso en que la Fiscalía se encuentra en el proceso de instrucción junto a los abogados acusadores de los militares implicados que lleva alrededor de cinco años, los imputados que fueron jefes y directores de alto rango de las fuerzas armadas gozan de libertad provisional. La masacre de El Mozote, cometida en diciembre de 1981, ha sido considera de lesa humanidad.
El gobierno salvadoreño, en su respuesta a las relatorías de la ONU, descartó algún interés del gobierno por la apertura de la minería metálica del país, luego de haber sido prohibida desde el 2017, por decreto legislativo.
“Es importante recalcar la existencia de un creciente interés por la mediatización del caso, relacionándolo con un supuesto objetivo del Estado de El Salvador de autorización de la minería metálica en el país, lo cual carece de fundamento, por lo que se reitera que la detención y procesamiento de los citados señores es debido a la imputación de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, dice el gobierno en su respuesta a la ONU.
En cuanto a la “reserva total del caso Santa Marta y ADES”, el gobierno, señaló en su escrito que el tribunal tomó esta decisión luego de la acción de varias personas de la Comunidad Santa Marta, quienes en el momento de la captura esa madrugada del 11 de enero del presente año, por reportes de la Fiscalía y Policía Nacional Civil, afirmaron que alrededor de 100 personas se habían manifestado de “manera violenta”, bloqueando las calles de la comunidad con barricadas a modo de protesta.
Y en cuanto al debido proceso y las condiciones de detención, el gobierno salvadoreño expuso que los cinco defensores de derechos humanos se encuentran en el sector de un centro penitenciario que alberga a personas de la tercera edad y clasificados como reos comunes.
No obstante, desde las capturas, familiares y abogados defensores particulares han reiterado la falta de acceso con estas cinco personas. Y que el manejo hecho por el sistema judicial y la Fiscalía, ha rayado en la “parcialidad”, con sus defendidos. Así también, reiteradamente han señalado que “no cuentan con información de su estado de salud o de su integridad física”, y que tampoco serían tratados dentro del marco del régimen de excepción que anula los derechos constitucionales de la ciudadanía. En cuanto al respeto de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que trabajan por estas garantías, el gobierno de El Salvador declaró que “reconoce a plenitud el enorme valor de la labor de defensa de los derechos humanos que personas, organizaciones o asociaciones pueden realizar”.
Sin embargo, informes presentados por organizaciones de derechos humanos en sus evaluaciones sobre la situación de violencia a su labor, han identificado en sus análisis que el mayor agresor de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y periodistas, provienen del gobierno y de altos funcionarios, así como d troll centers.
