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Por Leonel Herrera*
La semana pasada el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley de Hidrocarburos, que podrían ser aprobadas sin discusión por los diputados oficialistas que actúan como empleados presidenciales. Las reformas supuestamente son para que la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) haga exploraciones hidrocarburíferas, es decir: busque petróleo en el suelo terrestre y marítimo del país.
Dichas modificaciones a la Ley de Hidrocarburos coinciden con que el presupuesto estatal de 2024 incorpora 140 nuevas plazas laborales en la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía.
Cuanto conocí las propuestas de reformas, imaginé que se trataba de una burda acción propagandística de cara a la reelección inconstitucional de Nayib Bukele en febrero del próximo año. El bombazo publicitario sería: “Hemos descubierto petróleo y pronto seremos el Qatar de Centroamérica o -mejor aún- de América Latina”.
El hallazgo petrolero -más la Bitcoin City, el Aeropuerto de la Unión, el Tren del Pacífico, la segunda fase de la Surf City, el viaducto de Los Chorros, el nuevo estadio de fútbol y otros proyectos que todavía están en maquetas pero que ya fueron realizados en la cuenta de X (Tuitter) del presidente Bukele- aceleraría “la transformación de El Salvador en un país de primer mundo”,.
Sin embargo, después reflexioné sobre una posibilidad más tenebrosa referida a que -en realidad- lo que el gobierno quiera explorar no sea petróleo, sino minerales como oro, plata y otros metales. En este sentido, la reforma a la Ley de Hidrocarburos sería una pantalla o un despiste para engañar a la población.
Preveo esto por dos razones básicas. La primera es que la existencia de petróleo en el país es sólo un mito, desde hace unas tres décadas los sucesivos gobiernos hablaron de esa posibilidad; sin embargo, personas vinculadas al mercado de hidrocarburos siempre la han descartado. Y la segunda es que hay señales claras de que Bukele busca reactivar proyectos mineros, a pesar de estar prohibidos por ley.
Como derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica sería un escándalo, el oficialismo utiliza una estrategia solapada para crear un marco legal permisivo de esta industria extractiva. Por eso también en octubre de 2021 aprobó una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, donde incluyó la minería de metales.
En vez de derogar la ley prohibitiva de la minería, se aprueba una ley paralela que la permite; y ahora se impulsa una reforma para explorar petróleo, pero con el objetivo real de cuantificar el potencial minero del subsuelo nacional. Esto es consecuente con la presencia de supuestos personeros de empresas mineras chinas, que han denunciado pobladores de Cabañas.
Por eso estas reformas a la Ley de Hidrocarburos deben advertir a las organizaciones ambientalistas y a la población en general, pues podrían ser una vía encubierta para la extracción de metales en un segundo gobierno de Bukele. Sus intereses extractivistas y sus formas engañosas de proceder son base de la sospecha.
Recordemos que entre las señales de reactivación minera también está, entre otras, la incorporación de El Salvador al Panel Internacional sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; y el proceso penal contra los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, cuyo objetivo sería desarticular o debilitar la resistencia comunitaria para viabilizar la explotación minera en Cabañas. Esta última es, en mi opinión, la señal más contundente.
Así que el país debe ponerse en alerta porque la minería metálica representa un grave peligro para el agua, los ecosistemas, la agricultura, la salud y la vida humana. La explotación minera no es viable en El Salvador debido a su estrechez territorial, la alta densidad poblacional y al grave deterioro de los bienes hídricos; por tanto, implementarla sería un suicidio nacional.
*Periodista y activista social.
