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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El abogado defensor de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, junto a familiares, pidió este viernes a la Dirección General de Centros Penales ejercer la visita profesional para preparar la defensa en el caso, así como informar sobre sus situaciones de salud.
Esta es una segunda vez que se hace esta solicitud, la primera se realizó el pasado 27 de marzo y no hubo ninguna respuesta por las autoridades, por lo que nuevamente se pidió que se pueda realizar la visita profesional.
“Hemos solicitado también, autorizaciones a juzgados de vigilancia que controlan los derechos fundamentales de las personas detenidas. En este caso, la jueza de vigilancia de Santa Tecla nos ha otorgado la autorización, he anexado también la resolución de esta autorización, lo que queremos es programar esa visita profesional porque también es importante advertir del derecho a la salud que consideramos se está vulnerando”, destacó el abogado Dennis Muñoz.
El Instituto de Medicina Legal (IML) ha hecho una evaluación médica a los 6 detenidos y ha dicho que necesitan un tratamiento especializado en razón de enfermedades crónicas, como diabetes, asma, hipertensión arterial, entre otras. “Queremos tener la certeza de cómo se encuentran ellos de salud, obviamente, es un derecho humano. Después de que estuvieron (los líderes) privados de libertad en el Centro Judicial de Soyapango, desde inicios del mes de marzo, no sabemos nada de ellos de manera concreta y es preocupante, no solo en el contexto jurídico, sino que los familiares quieren saber cómo se encuentran ellos y cuál es la perspectiva en el caso”, agregó Muñoz.
A los líderes comunitarios se les ha aplicado la legislación que dio vida al régimen de excepción, y no se trató como un caso de los años 80s. “Cuenta de ello es el plazo en el cual presentaron el requerimiento y que fue más de 72 horas como lo establece la ley procesal ordinaria”. “Lo anterior es un vicio que genera nulidad absoluta por inobservancia de derechos y garantías fundamentales; de hecho, ya se alegó en su momento”, enfatizó Muñoz.
“Evidentemente existe una persecución penal porque está siendo ejercida en contra de ellos, y lo peor es que se están vulnerando el debido proceso y derechos y garantías fundamentales en contra de ellos. Da cuenta parte de esa situación de estar aplicando régimen de excepción cuando hace más de 40 años que no existía y otros elementos que no puedo dar detalles porque se encuentra bajo reserva total”, concluyó el abogado defensor.
Fue el miércoles 11 de enero que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ejecutaron la orden de captura en contra de 5 líderes comunitarios de Santa Marta, en Cabañas, entre ellos el director y jurídico de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
Estos son: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, habitantes de la comunidad, Teodoro Antonio Pacheco, director de la asociación y Saúl Agustín Rivas Ortega, apoderado legal. A ellos se les vincula de un supuesto delito cometido durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
