Samuel Amaya
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Organizaciones de la sociedad civil presentaron este día ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad de la Ley General de Minería Metálica, ya que consideran que no se respetó el proceso de formación de ley y porque atenta contra la vida de las personas.
La abogada y fundadora de la Organización “Justicia Social y Contraloría Ciudadana”, Roxana Cardona, expuso que no se respetó el proceso de formación de ley, ya que el pasado 21 de diciembre la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa recibió al director de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Alejandro Álvarez Campos, “y solamente dio unas diapositivas, y con base a eso se empezó a discutir. Sin embargo, el reglamento de la Asamblea Legislativa estipula que se debe de leer, la comisión nunca leyó un documento, solamente se pusieron a discutir las diapositivas que había llevado esa persona y aprobaron.
“El 23 de diciembre llega a la Asamblea (al Pleno), y sí le dan lectura, pero de acuerdo al artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la discusión debe hacerse artículo por artículo, y aquí no hubo eso, solamente se empezó a discutir de una manera no académica, y empezar a hacer otro tipo de comentarios”.
Con la aprobación y vigencia de la Ley de Minería se estaría autorizando la explotación minera en El Salvador, algo que afecta el derecho a la salud y vida de la población por todos los contaminantes que lleva desarrollar el trabajo minero.
Benjamín Cuéllar, representantes de Víctimas Demandantes (VIDAS), reafirmó que la forma en la que se aprobó la Ley de Minería es inconstitucional, ya que se violentan los derechos consignados en la Constitución de la República, como el de la salud y la vida.
Las organizaciones que presentaron la demanda de inconstitucional fueron: Justicia Social y Contraloría Ciudadana, VIDAS, la campaña ciudadana “Donde está Carlos”, y el ciudadano Patricio Pineda.