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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Preocupados por el poco avance que experimenta en la Asamblea Legislativa, el proceso de formación de ley entorno a las reformas a la Ley de la Función Pública, representantes de varias organizaciones civiles que impulsan dichas modificaciones pidieron, a los diputados, enfocar todas sus energías en el estudio y aprobación de dichas enmiendas.
El Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP), consideró que a más de un año de la presentación de la iniciativa, los legisladores, no mostraron avances en el estudio de dicho anteproyecto cuyo objetivo es ordenar todo lo referente a la labor de los empleados públicos y profesionalizarlos.
“Es incorrecto que no se inicie el proceso de estudio de una ley que permita modernizar, mejorar, eficientar, dar calidad y trasparentar el servicio público y así evitar escándalos como los sobresueldos, todo esto se produce por no tener un marco regulatorio actualizado”, dijo Gustavo Amaya, miembro del EIRFP.
Amaya lamentó que después de 16 meses, de la presentación de la propuesta, exista únicamente un acuerdo parcial en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, para crear una comisión especial que estudiará el pliego de reformas, presentadas por el Ejecutivo en 2017, que sentará las bases para determinar que clase de Estado e instituciones servirán a los salvadoreños en las próximas décadas.
El EIRFP, asimismo, expuso que mediante carta dirigida a Junta Directiva, del congreso presentó algunas observaciones importantes en torno a la creación de la comisión especial, entre las que destacan que se conforme con representantes de todos los partidos políticos, cuente con recursos propios, apoyo técnico, entre otros, para que no haya justificación de retraso en el estudio.
Respecto a la desinformación, que a juicio de las organizaciones que conforman el equipo impulsor circula por diversos medios respecto a que la ley implica despidos masivos en el aparato estatal, Maryorie de Trigueros, representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, destacó que la normativa protege a todos los empleados que al momento de su aplicación, formen parte del Estado.
“El articulo 304 de la ley establece que el personal que al momento de la entrada en vigencia de la ley, labore para la administración pública se entenderá que forma parte del régimen del servicio público quedando protegido bajo este nuevo marco normativo”, explicó Trigueros.
Los miembros del EIRFP, sostuvieron que la ley busca crear una carrera administrativa en el país que garantice que los funcionarios públicos seguirán en sus puestos, sean capacitados siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley.
Por lo anterior, las organizaciones civiles solicitaron a los legisladores, dejar de lado iniciativas sin ningún sustento técnico y enfocar todas sus energías a la aprobación de esta normativa.
