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Redacción Nacionales
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Asociaciones de veteranos de guerra presentaron en la Asamblea Legislativa una solicitud de reforma a la ley en la que se creó el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE). Los veteraos y excombatienes pidieron que se derogue el artículo 1, en el que se prorroga la vigencia por 1 año a la junta directiva que preside la entidad, pues consideran que no es representativa de todos los sectores y no han trabajado por sus intereses.
Es de contextualizar que según el decreto legislativo 816 del 9 de agosto de 2023 se prorrogó por un año a partir del 11 de agosto de 2023 a los miembros de la Junta Directiva que representan a los veteranos militares de la Fuerza Armada de El Salvador, de excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y de Personas con Discapacidad a Consecuencia del Conflicto Armado.
Esta junta directiva lleva en funciones desde abril de 2019; sin embargo, en las elecciones, dijeron los representantes de las organizaciones, que “no contó con representación de las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado, porque en ese momento formaban parte del extinto FOPROLYD, y que en dicho momento muchas organizaciones con personería jurídica con representación legal en todo el territorio no pudieron participar en dicho proceso de elección con miembros que realmente represente al sector, porque no se contó con el tiempo suficiente para cumplir con los requerimientos del decreto transitorio para elección de miembros de 2019”.
Los miembros electos en 2019, ya contando con la prórroga, llevarían en total un periodo de 5 años, cuando en el artículo 15 de la Ley que rige al INABVE en su inciso primero menciona que el periodo de duración de esos miembros será de 3 años.
“Las elecciones efectuadas en los días 28 y 29 de abril de 2019, fueron celebradas dolosamente por la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén y efectuadas fraudulentamente por el entonces ministro de Gobernación Arístides Valencia, lo cual originó una serie de denuncias por parte de asociaciones de excombatientes desde el anuncio que se realizarían dichas elecciones, y así un periodo de 4 años peticionando su nulidad en muchas instancias e instituciones competentes en dicho tema”, dijeron los excombatiente en la solicitud presentada a los diputados.
Una de esas denuncias fue girada al nuevo ministro de Gobernación, Mario Durán, en agosto de 2019, el cual les respondió a las organizaciones que “se acudiera a otra instancia controladora por el motivo que a él no le correspondía tomar dicha decisión”.
El 5 de diciembre de ese mismo año, los veteranos y excombatientes se abocaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para obtener una respuesta legal y legitimidad de sus denuncias, “se nos ha entregado un recurso de amparo, y que en julio del presente año ha concluido un estudio donde se manifiesta la legitimidad de nuestras denuncias”.
Y es que las organizaciones enfatizaron que los miembros que han sido electos en 2019 “no representan los intereses de los veteranos militares de la Fuerza Armada, de excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de personas con discapacidad a consecuencia del Conflicto Armado. Han sido incapaces de presentar un proyecto de reglamento que fuera distinto del transitorio presentado de manera exprés y sin consulta por la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén la cual está llena de vicios”.
“Como miembros beneficiarios del INAVBE pedimos que se pueda escoger a una verdadera representación, que vele por interés de los excombatientes, veteranos militares y personas con discapacidad. Este proceso de nulidad de las elecciones lleva un poco más de 4 años de esfuerzos”, concluyeron las organizaciones.
Esta iniciativa de ley fue apoyada por la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz y la fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
