Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
DiarioCoLatino
Alejandro Díaz, integrante del equipo jurídico de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, dijo que el pasado lunes 27 del presente año se presentó “información actualizada” sobre la situación que viven los cinco ambientalistas de la Comunidad Santa Marta. Así como “la situación de peligro “ que viven sus habitantes por el rumor de nuevas capturas, por lo que solicitaron a la CIDH decretar medidas cautelares.
La Fiscalía General de la República, que apeló ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, el dictamen de “absolución total”, emitida por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque el pasado 18 de octubre 2024, mantiene en zozobra a familiares y a los ambientalistas: Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez, quienes esperan la repetición de su juicio el próximo mes de febrero.
Un grupo de organizaciones de derechos humanos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información actualizada contra el Estado de El Salvador por un proceso irregular y sin fundamentación legal, por lo que solicitaron medidas cautelares de los líderes comunitarios ante lo que consideran una “criminalización” por luchar contra la implementación contra la minería en el país.
“Este caso desde el año 2023 está presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una denuncia, pero ahora se solicitaron medidas cautelares, por la gravedad que ya todos y todas conocemos y de la situación a la que han estado expuestos los líderes ambientalistas”, señaló.
“Recordemos el encarcelamiento, malos tratos y el agravamiento de las enfermedades crónicas, así como la adquisición de nuevos padecimientos generados contra estas personas, lo que es bastante dañino. Y podemos decir que sería fatal que vuelvan a encarcelarlos, en un proceso donde no hay garantías judiciales o el debido proceso como se expresa en la ley”, alegó Díaz.
Dentro de la denuncia y nueva información presentada ante la CIDH, se detalla la “construcción de un proceso judicial sin pruebas y evidencias científicas”, en donde señalan un trasfondo para “silenciar a la oposición” que son voces disidentes del discurso oficial sobre la implementación de la minería en el territorio, que denunciaron con anterioridad los ambientalistas detenidos.
“Esperamos que la CIDH se pronuncie lo más pronto posible, hemos estado actualizando y presentando la información periódicamente para que se conozca la gravedad de los hechos, las graves violaciones a los derechos humanos de la población en El Salvador”, declaró Díaz.
“Es una persecución, un hostigamiento y una criminalización a personas defensoras que denunciaron ante la reactivación minera, y como hemos mencionado acá, ante la posible participación del gobierno y funcionarios en estas empresas en donde no les importa que la mayoría de la población esté contra estos proyectos, así como diferentes sectores e iglesias”, sostuvo Díaz.
Medidas cautelares para los ambientalistas de Cabañas
Sobre la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, Alejandro Díaz, señaló que se trata de la protección para la vida e integridad y la salud de los líderes ambientalistas de Cabañas.
“Efectivamente, siguen estando en peligro, estamos frente a una posible condena según se ha planteado en algunos análisis que hemos realizado en nuestra denuncia ante la CIDH, por un caso con falta de investigación y sin pruebas fehacientes”, indicó.
“Así que pedimos la protección de los derechos de los líderes ambientalistas, señalamos también el peligro colectivo en la zona de Cabañas, que menciona la población sobre posibles capturas, el despliegue militar y la presencia de personas desconocidas en la zona que están generando temor en las comunidaes”, expresó Díaz.
Riesgo para la comunidad Santa Marta y sus líderes
Peter Nataren, presidente de la Cooperativa Nueva Heróica Santa Marta, Cabañas, dijo que el 7 de octubre de 2024, previo a la audiencia desarrollada en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que absolvió a los cinco ambientalistas, se presentó la información sobre el caso en la sede de la CIDH, en la ciudad de Washington, desde la cual han venido dando seguimiento en este organismo regional.
“La nueva información ya incluye, lo que todos sabemos en relación a la Ley General de Minería, a la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, y como pone en alto riesgo la seguridad y la vida de los cinco compañeros que ahora están siendo procesados una segunda vez, en un doble juzgamiento y lo hemos denunciado”, manifestó.
“Esperamos que esta nueva información en cierta medida ayude y que pidan información al Estado salvadoreño por la forma en que está manejando este proceso que es un doble juzgamiento que la Cámara de Cojutepeque, ordenó, luego de anular el veredicto del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que los absolvió de cualquier acusación de la Fiscalía General de la República”, señaló Natarem.
En cuanto a las denuncias de la población de la Comunidad Santa Marta, añadió, como un hecho inusual la presencia de varios fiscales y agentes de inteligencia en el territorio.
“A esto se suma un seguimiento constante, pero más que todo la supervisión de los hogares de las personas que están más al frente de la lucha que desde hace dos años viene exigiendo la liberación de nuestros compañeros, y pensamos que están preparando 40 detenciones más, y activistas de otras organizaciones”, denunció Natarem.
“Ante esa preocupación y realidad, agradecemos a Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y FESPAD estar haciendo posible que esta información a instancias internacionales, para que pueda proceder ante un sistema que puede comete esta grave injusticia de condenarlos, en un país que está alerta por la industria minera y que ya nadie duda el gobierno apoya”, sostuvo Natarem.
ADES invita al acompañamiento de la sociedad en general
Alfredo Leiva, directivo de ADES, de la Comunidad Santa Marta, agradeció a los medios de comunicación y las organizaciones que los han acompañado, en estos de dos años, de un proceso judicial “irregular” en contra de los líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta, quienes denunciaron antes de su detención el interés por la explotación minera en el territorio nacional.
“A las organizaciones que consecuentemente, han acompañado la demanda de libertad de los compañeros y por supuesto, por la connotación de la denuncia que ahora está en el debate público que es la aprobación de la minería metálica en El Salvador”, acotó.
“En ese sentido agradecemos y les extendemos la invitación para que nos sigan acompañando y precisamente este jueves 30 de enero, tenemos una actividad en el departamento de Cabañas. Están invitados todos y todas, así como, medios de comunicación, organizaciones y toda aquella persona que se quiera sumar a esta actividad en defensa de los compañeros”, reiteró Leiva.
Asimismo, anunció que seguirán expresando un claro rechazo y desacuerdo ante la aprobación de la nueva Ley General de Minería, que permitirá a las empresas mineras explotar el territorio, que sólo traerá miseria, migración y destrucción del medio ambiente .
“No queremos más proyectos de muerte, y de igual manera, invitamos a que nos acompañen los días 3, 4, 5 y 6 de febrero, que vamos a estar haciendo presencia frente al juzgado de Ciudad Delgado, en donde se desarrollará la repetición de la Vista Pública de nuestros compañeros, este doble juzgamiento que el sistema judicial salvadoreño va a cometer contra nuestros compañeros”, puntualizó Leiva.
Debe estar conectado para enviar un comentario.