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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Más de una docena de organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación ante posibles actos de corrupción en el marco de la pandemia de COVID-19, reseñados en recientes investigaciones periodísticas. Los colectivos exhortaron al presidente Nayib Bukele a que ponga a disposición de la población en general y de la Corte de Cuentas de la República toda la información relacionada al uso de los recursos estatales en la atención de la pandemia.
De igual forma, pidieron al mandatario que ordene cesar los ataques contra personas y organizaciones que exigen transparencia.
En el marco de la emergencia por la pandemia, el Gobierno central ha acentuado su “rechazo a la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública”, señalaron en un comunicado.
Las organizaciones observaron que en un escenario en el que la recaudación tributaria ha disminuido, la preocupación ante el uso indebido de recursos públicos es mayor puesto que esto puede verse reflejado en la atención efectiva de la emergencia, con mayor énfasis en sectores vulnerables.
Además, instaron a la Asamblea Legislativa a citar a los funcionarios señalados en los presuntos actos de corrupción y proceda según corresponda, también llamaron al parlamento a verificar la legalidad de las transferencias de recursos entre carteras de Estado.
El conglomerado hizo también el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar las irregularidades denunciadas y promover las acciones penales correspondientes, asimismo, que la Corte de Cuentas de la República certifique y remita todo hallazgo de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Contratos, obstaculización y transferencias
En semanas recientes, investigaciones periodísticas de distintos medios de comunicación han revelado que funcionarios como el expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar y el ministro de Salud, Francisco Alabí, han adjudicado contratos estatales a empresas propiedad de sus familiares.
Asimismo, desde la Asamblea Legislativa se ha denunciado que los ministerios remiten información escueta o incompleta de la ejecución de fondos públicos, e incluso la Corte de Cuentas ya hizo público que ministerios como el de Agricultura y Ganadería y Obras Públicas han obstaculizado la labor de contraloría en el uso de recursos y solicitado el aplazamiento en varias ocasiones del trabajo de campo de la institución.
Recientemente, se conoció, mediante una investigación periodística, que el Ministerio de Hacienda transfirió más de $625 millones a distintas carteras de Estado para la atención de la emergencia, sin que la Asamblea Legislativa conociera la disposición y diera el visto bueno como lo determina la Ley Orgánica de la Administración Financiera.
