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Alma Vilches
@DiarioCoLatino
A pocos días de vencer las medidas cautelares que protegen al río Sensunapán, organizaciones ambientales y de derechos humanos junto a comunidades indígenas del municipio de Nahuizalco, Sonsonate, pidieron al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, su intervención para evitar la construcción de la represa “Nuevo Nahuizalco II”.
Según Ariela González, de FESPAD, el llamado es al procurador para que emita un pronunciamiento público ante la inminente amenaza de la empresa extractivista Sensunapán S.A. de C.V, además, mantener un monitoreo del proceso judicial que lleva la Cámara Ambiental, con el objetivo de evidenciarse las garantías suficientes de transparencia, debido proceso y protección a los derechos humanos de las comunidades indígenas.
“En el río Sensunapán se pretende instalar una octava represa, en su caudal ya cuenta con siete proyectos extractivistas de este tipo, que lo mantienen en una categoría de estrés hídrico; estos siete proyectos han dejado un mal precedente en el río en materia de contaminación y deterioro ambiental, por lo cual, los pueblos indígenas han mostrado su rechazo porque sería la muerte para este río”, aseguró González.
El próximo 7 de diciembre vencen las medidas de protección emitidas por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, mediante las cuales se trata de proteger el patrimonio cultural y ambiental del río Sensunapán, sin que a la fecha éstas se hayan cumplido, ni garantice el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de Nahuizalco.
Como parte de las medidas se ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no otorgar permiso ambiental a la mencionada hidroeléctrica; además, que rinda cuenta de otros proyectos de centrales eléctricas y represas instaladas en el río Sensunapán. De igual forma, se determinó que la alcaldía de Nahuizalco y el Ministerio de Salud debían coordinar acciones para la limpieza de los sitios sagrados en el cauce del río.
Mientras que, el Ministerio de Cultura debía emitir una política pública orientada a la protección y salvaguardar los siete lugares sagrados identificados en la cuenca.
La representante de FESPAD dijo que como las medidas están próximas a vencerse esperan de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, una extensión del período porque ninguna de las autoridades ha cumplido con la orden, de no hacerlo quedarían en desprotección tanto las comunidades como el río.
Una de las preocupaciones es el traslado del magistrado Samuel Lizama y la magistrada Cesia Romero, de la Cámara Ambiental, como efecto de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial promovida recientemente, lo cual es una amenaza latente a los derechos culturales y ambientales de los pueblos indígenas.
Nicolás Sánchez, residente del cantón Pushtán, Nahuizalco, Sonsonate, dijo que al construir la represa desviarán el río en un tramo de 4 a 5 kilómetros, por lo tanto, el cauce quedaría seco, las comunidades no podrían hacer uso del agua, ni tendrían acceso a bañarse y obtener alimento.
“Solicitamos al procurador este vigilante que el debido proceso se haga en la Cámara Ambiental porque con los cambios en el sistema judicial los magistrados habían mantenido una posición favorable para la defensa del río, pero tenemos el temor que los nuevos jueces sean diferentes y cambien las medidas cautelares ya emitidas anteriormente”, recalcó.
Alejandro Labrador, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), instó a la PDDH para mantener un monitoreo del proceso en la Cámara Ambiental, pues las medidas cautelares en protección del río y los derechos de los habitantes de las comunidades, las cuales no se han cumplido.
“Estos son los casos que se deben visibilizar y ser considerados prioridad por el Estado salvadoreño, porque con ello vamos a cambiar la lógica con que nos estamos relacionando con el ambiente, en lugar de ser reconocido como el país con el peor ambiente y sistema ecológico, podemos ser un país que pone en valor el patrimonio biocultural de los salvadoreños”, reiteró Labrador.
Sin embargo, en octubre de 2021, la empresa Sensunapán S.A. de C.V., como titular del proyecto hidroeléctrico Nuevo Nahuizalco II, solicitó que se eliminen las medidas cautelares, esta fue admitida por parte de la nueva configuración de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla; a pesar que la empresa no ha sido reconocida como parte en el proceso y la solicitud fue extemporáneamente, meses después de emitida la resolución.
Para las organizaciones, la institucionalidad salvadoreña en lugar de proteger el ambiente y el patrimonio cultural de la población, promueve con su silencio el desarrollo de estos proyectos que amenazan los derechos fundamentales como población indígena, históricamente vulnerada.
Además, en este caso parece privilegiar intereses privados y específicos de empresas por sobre el interés público y general de la población salvadoreña.
