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Organizaciones de defensa de derechos de la niñez preocupadas por la posibilidad que Asamblea Legislativa se tardará hasta dos meses en desaforar a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Rebeca Pineda
@DiarioCoLatino
Para garantizar los derechos y atender la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescente, la alianza “Uniendo Fuerzas” solicitó a la Asamblea Legislativa agilizar el proceso de desafuero para el magistrado de la cámara tercero de lo civil, Eduardo Escalante, quién es acusado de abuso sexual a niña de diez años.
El lunes, la Asamblea Legislativa inició una sesión extraordinaria para transferir la denuncia a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para retirar el fuero al magistrado y pueda ser procesado penalmente, luego de ser capturado la semana pasada por agresión sexual de una menor. “Hay un flujo de procesos que indica que esto pueda tardar hasta dos meses y eso es lo que nosotros abogamos para que sea en el menor tiempo posible”, manifestó Alicia Ávila, directora de la Fundación Educo.
Según la reforma aplicada al Art. 99 del Código Penal y al Art. 32 del Código Procesal Penal, los delitos contra la libertad sexual de los niños y adolescentes son “dolosos”, es decir, “que el sujeto que los comete actúa con conocimiento y voluntad”.
Por tanto, la alianza “Uniendo Fuerzas” instó a que el caso no caiga en reserva total, que el fuero constitucional no sea un sinónimo de impunidad y que el funcionario siga un proceso como cualquier ciudadano común debe enfrentar.
Abuso sexual a menores
Carmen Alemán, directora de Plan Internacional, comentó que la sociedad de organizaciones “Uniendo Fuerzas”, se suscribe a propuestas para que casos de agresión sexual contra menores y relacionados con feminicidio el fuero que gozan los funcionarios públicos no sea permanente y se elimine para casos específicos.
La organización, asimismo, explicó que la niña es protegida por la Policía Nacional Civil (PNC), la junta de protección y otras instancias para garantizar sus derechos. Según la directora de Educo, “lo que le ha ocurrido a esta criatura es una situación que ha marcado su vida y que no es cuestión de dos meses y el Estado deberá establecer un proceso de asistencia a la menor para que pueda integrarse a su vida normal”.
La PNC reportó entre enero y septiembre de 2018 un total de 1 mil 128 casos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad. Ante esos resultados, la directora de Save The Children Rocío Rodríguez destacó la importancia de la restitución de los derechos de la niñez para que los delitos que se dan frecuentemente, sigan su debido proceso.
