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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) pidió al Tribunal del Servicio Civil resolver apegado a la ley los casos de los empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería, dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quienes desde el 21 de febrero de 2020 fueron cesados ilegalmente de sus puestos.
“Si la ley dice que no somos capaces de fungir como oficiales de migración o no mereces una indemnización digna, que así sea, pero que se nos presente las pruebas apegadas a la ley, cuando fuimos despedidos de Migración ni siquiera tuvimos derecho de respuesta”, expresó Sergio Alexander Cruz, representante de los despedidos de Migración y Extranjería.
Detalló que en noviembre de 2020 presentaron al Tribunal del Servicio Civil 89 casos de despidos, sin embargo, solamente cuatro demandas fueron aceptadas, pero no han sido resueltas; del resto de casos no hay ninguna notificación. Hasta el momento dijeron que el grupo jurídico del Tribunal está trabajando para determinar el estado de los casos.
Desde la llegada del actual Gobierno se han despedido más de 5,000 personas fueron despedidas en 26 dependencias del Estado, en forma anómala a los procedimientos legales estipulado en la Ley de Servicio Civil, utilizando figuras jurídicas como cese de funciones, no renovación de contratos que no están reguladas en la normativa, pero que tal como en la jurisprudencia expresada por la Sala de lo Constitucional son actos que se convierten en despidos disfrazados.
“Venimos a pedir justicia, cuando fuimos despedidos se nos dijo que no había ningún tipo de indemnización, luego se notificó que serían $300 por año trabajado, tres compañeros aceptaron, uno de ellos con más de 15 años de trabajar en Migración al final solo le dieron cerca de $1,000. Nosotros solo queremos desempeñarnos en nuestros cargos, queremos nuestro trabajo y llevar el pan a nuestras familias”, aseguró Cruz.
Denunció una serie de arbitrariedades por parte de los titulares y directivos de las dependencias estatales, pues en muchos de estos despidos no se respetó los derechos constitucionales, violando el derecho al debido proceso en sus manifestaciones de audiencia y defensa tutelados en los artículos 11 y 12 de la Constitución. En algunos casos son vulnerados otros derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la dignidad humana, integridad física y psicológica, derecho al honor y la intimidad.
Asimismo, se dieron señalamientos de conductas y hechos que no han sido probados por los funcionarios responsables de las instituciones, pues no se han seguido los procesos disciplinarios en sede administrativa, para poder así llegar a la imposición de sanciones convirtiéndose dichos señalamientos en negativos, difamatorios y sin pruebas que los respalden.
Según el MTD, los miles de trabajadores despedidos y sus familias han sido desmejorados en las condiciones de vida, alimentación, vestido, gastos en salud, educación y otros; colocándose en una situación bastante difícil de poder cumplir con las obligaciones financieras.
Dicha situación ha llevado a los afectados a interponer amparos constitucionales, demandas de control de legalidad y en el caso del Tribunal de Servicio Civil una serie de demandas de nulidad de despido, buscando que se administre justicia ágil, pronta y cumplida, apegada a derecho.
