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Redacción Nacionales
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La Federación Democrática Internacional de Mujeres pidió un cese a la presunta persecución política contra la ex diputada de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña; en su comunicado, la FDIM denunció un nuevo ataque judicial, y el aumento del acoso y persecución política por parte del Gobierno salvadoreño.
Recientemente comenzaron las audiencias contra Lorena por “una falsa acusación de enriquecimiento ilícito. Acusación que no tiene ningún argumento probatorio”, dijo la Federación. Además, señalan que la Sala Civil de la Primera Sección del Centro se niega a incluir prueba documental y testimonial presentada por Lorena Peña, “lo cual constituye una violación a su defensa adecuada”.
Para la federación, a esta situación se suma la presentación “de un informe falso y sin pruebas presentados por el oficialismo ante la Fiscalía, solicitando nuevos juicios con nuevas acusaciones contra Lorena Peña Mendoza”. En referencia al informe final de la comisión especial que investigó el destino final de los fondos entregados a Oenegés, el oficialismo señala que Peña habría donado fondos públicos a organizaciones donde ella pertenecía.
“Denunciamos estos actos que violan los derechos humanos de nuestra presidenta, exigimos que se haga un juicio justo y se garantice un proceso imparcial y se reconozca su inocencia. Exigimos que finalice la persecución política mediante el sistema judicial. Exigimos que se garantice la integridad física y moral de Lorena Peña Mendoza”, puntualizó la Federación.
La Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador instaló la audiencia contra Lorena Peña y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) las acusa por presunto enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54. La demanda tiene como base un total de 15 supuestas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
Las supuestas irregularidades que Peña no ha podido justificar son en su calidad de exparlamentaria en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018. Las presuntas inconsistencias se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos por un total de $140 mil 521 dólares con 57 centavos.
La exfuncionaria aclaró semanas atrás que todo ha sido “debidamente documentado para justificar los ingresos que ellos dicen injustificados, es falso que yo no haya justificado debidamente mi situación patrimonial”.
