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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) que la información relacionada a cementerios y fosas clandestinas debe ser pública, ya que las familias de las víctimas buscan alguna información que puedan dar su paradero.
“Las familias y personas que buscan a las víctimas de desapariciones, deben saber, como parte de su derecho a la verdad y a la justicia, toda la información relacionada con los lugares en los que pueden estar o pudieron haber estado los restos de sus seres queridos, así como el tratamiento con el que se están manejando y resguardando los mismos”, inició el comunicado de prensa que presentaron la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU) y el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador.
Para estas organizaciones, mantener en secreto la información sobre dicho tan delicado, “acentúa la vulneración de los derechos que tienen las familias interesadas en la ubicación de las fosas y cementerios clandestinos que se están encontrando, pues son personas que, con mucho dolor y angustia, siguen esperando ser partícipes activas en la búsqueda de sus familiares”.
En ese sentido, ASDEHU y Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitaron al Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de un recurso de apelación, que se declare ilegal la reserva de información que las autoridades han determinado sobre el registro y ubicación de las fosas y cementerios clandestinos encontrados a nivel nacional.
Las dos organizaciones solicitaron recientemente a la Fiscalía General de la República (FGR), que le proporcione dicha información correspondiente al período 2015 – 2021, pero la misma ha sido indebidamente declarada como reservada.
En ese sentido, las organizaciones consideraron que la reserva vulnera el principio de legalidad, en el sentido que se limita el derecho fundamental establecido en el artículo 6 de la Constitución de la República, sobre el derecho a la información y respuesta, además porque no se especificó en la negativa recibida, cuál es la actividad administrativa, el proceso o la actuación judicial que se vería afectada con la divulgación de la información; tampoco se aclaró por qué mantienen en reserva inclusive datos que son de hace más de siete años, período máximo que debe durar una reserva de conformidad con la ley.
Para ASDEHU y el Bloque, existe contravención al principio de máxima publicidad, por infracción a lo dispuesto en los artículos 5 y 21 LAIP, en cuanto a que la información solicitada no tiene la aptitud de causar ningún perjuicio y es preponderante el interés general en el asunto, por sobre la reserva en su divulgación. Centenares de salvadoreñas, sobre todo madres, se mantienen preocupadas ante la falta de información del paradero de su familiar desaparecido ante un estado que no brinda respuestas.
El Instituto de Acceso a la Información Pública ha reconocido en resoluciones anteriores, los presupuestos de proporcionalidad para controlar los actos administrativos de reserva de información emitidos. En ese sentido, las organizaciones creen que la fiscalía ha realizado “una errónea ponderación en la necesidad e intensidad de la limitación de la información solicitada”, pues plantean que en el contexto del Plan Control Territorial y la estrategia utilizada por el Gobierno en materia de seguridad pública, no habría posibilidad de que estructuras criminales, llámese pandillas, puedan alterar las fosas o cementerios clandestinos, “si las autoridades cumplen con su labor de protección de los sitios”.
“Tampoco existe ninguna evidencia ni explicación de las autoridades sobre de qué manera la divulgación de la ubicación de fosas y cementerios clandestinos pueda afectar la investigación de algún delito, por el contrario, consideramos que esta es información de interés público”, señalaron.
Puntualizaron que las familias de personas desaparecidas tienen derecho “a recibir un trato justo, digno y humano de parte de las autoridades del Estado, así como también a tener información oportuna, directa, seria y veraz; libre de prejuicios, estereotipos y estigmas, que sea el resultado de una investigación profesional enfocada en la búsqueda y el hallazgo de la persona desaparecida”.
Es de recordar que la FGR declaró bajo reserva las estadísticas de cementerios clandestinos encontradas en el país entre 2015 y 2021. Según un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de enero de 2011 a septiembre de 2020 se localizaron 1,061 cementerios clandestinos en todo el territorio.
Por lo antes expuesto, pidieron al IAIP, que de conformidad con sus propios precedentes y mediante una actuación legal y humanitaria, declare ilegal la reserva de la información relativa a cementerios y fosas clandestinas, y facilite el acceso de las familias a estos datos valiosos que pueden dar pie a una búsqueda eficaz de sus seres queridos. “Reiteramos nuestro compromiso de no descansar en esta ardua tarea, hasta encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de todas las épocas y contextos”, concluyeron.
