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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones Asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal aprobadas por Nuevas Ideas y aliados el pasado 5 de abril, ya que “criminalizan coberturas de prensa sobre pandillas”, pues hace prohibiciones generales que violentan el derecho a la libertad de información de todos los salvadoreños, según argumentaron las organizaciones de la sociedad civil.
Las argumentaciones de la inconstitucionalidad son tres, una de forma y dos de fondo. La primera porque las reformas han sido aprobadas “con un procedimiento indebido”, pues toda ley de carácter permanente, según el artículo 140 de la Constitución de la República, tiene que entrar en vigor ocho días después de su aprobación y publicación en el Diario Oficial, pero en este caso, han entrado en vigor a partir del día de su publicación.
Otro motivo de la inconstitucionalidad se debe a que las reformas promueven una limitación absoluta de derechos, particularmente sobre el ejercicio periodístico, pero, también, al derecho de cualquier ciudadano a informarse debidamente. Pues la libertad de información se violenta para la prensa, ya que se les prohíbe de manera expresa a los medios de comunicación “la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas”.
“Esto podría implicar que cualquier ciudadano, particularmente los periodistas, puedan ser procesados por informar y por cumplir una obligación social, pero también por promover un derecho que la misma ciudadanía tiene, que es estar debidamente informada”, comentó Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal.
Es de recordar que, con las reformas, se avala que medios de comunicación que “transmitan o reproduzcan” mensajes alusivos a pandillas se les imponga una pena de hasta 15 años de cárcel, situación que preocupa a los medios, ya que con el actual gobierno se ha descubierto que se ha negociado con las pandillas, precisamente gracias a las investigaciones de la prensa, tomando como fuente investigaciones de la FGR.
El tercer argumento para presentar la demanda de inconstitucionalidad es que los legisladores en las reformas utilizan términos jurídicos indeterminados, como “zozobra” y “pánico”, los cuales no se establece qué es lo que significa y lo que implica, “y esto podría conllevar a que con una manipulación incluso gubernamental pueda controlarse el discurso desde las mismas redes y actuación del Gobierno y que implique que los periodistas puedan verse acusados por la comisión de un delito”, destacó López.
López resaltó que existe una vulneración al artículo 6 de la Constitución de la República, el cual establece el derecho a la libertad de expresión, “pues se establece una censura previa y esta censura está en contra de lo que establece la Cn”.
Por tal, Cristosal y Apes piden a la Sala de lo Constitucional la inconstitucionalidad del decreto que establece las reformas a los marcos normativos.
Justamente, el presidente de la Apes, César Fagoaga, comentó que la principal preocupación del gremio es que se limita el derecho a la información a la población salvadoreña, “nuestra principal preocupación es lo que se quiere esconder a los salvadoreños. En este supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos, se está restringido la libertad de prensa”.
Según dijo Fagoaga, la ciudadanía tiene derecho a saber que está pasando en el país y son en los medios de comunicación donde se enteran, por lo tanto, “no podemos permitir que hayan estas reformas mordazas. No se puede pretender decir que se está combatiendo a la delincuencia si a la par se está atacando a los medios de comunicación”.
Entonces “¿por qué el gobierno no quiere dejar hacer nuestro trabajo?, ¿por qué el gobierno no quiere que vayamos a las comunidades y hablemos de un problema que afecta a miles de salvadoreños?”, comentó Fagoaga en relación al fenómeno de las pandillas. El representante del gremio periodístico lamentó la navarrita que tienen las autoridades de gobierno, en donde desprestigian a los periodistas que no están alineados a su ideología, en su mayoría han sido los diputados de Nuevas Ideas.
Los representantes de las organizaciones resaltaron que en ningún momento defienden a pandilleros, tal y como el discurso oficial afirma, sino que, lo que defienden es “el derecho de todo ciudadano a conocer, a estar debidamente informado y a que el ejercicio periodístico sea realizado tal y como se han establecido en los tratados internacionales”.
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