Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones de sociedad civil presentaron este martes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una demanda de inconstitucionalidad de la Ley General de Minería Metálica, ya que consideran que no se respetó el proceso de formación de ley y porque atenta contra la vida de las personas.
La abogada y fundadora de la Organización “Justicia Social y Contraloría Ciudadana”, Roxana Cardona, expuso que presentan la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Minería con base en varios argumentos. El primero de ellos, es que no se respetó el proceso de formación de ley.
Es de recordar que el pasado 21 de diciembre, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, recibió al director de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Alejandro Álvarez Campos, “y solamente dio unas diapositivas, y en base a eso se empezó a discutir. Sin embargo, el reglamento de la Asamblea Legislativa estipula que se debe de leer, la comisión nunca leyó un documento, solamente se pusieron a discutir las diapositivas que había llevado esa persona y aprobaron”.
“El 23 de diciembre llega a la Asamblea (al Pleno), y sí le dan lectura, pero de acuerdo al artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, establece que la discusión debe hacerse artículo por artículo, y aquí no hubo eso. Solamente se empezó a discutir de una manera no académica, y empezar a hacer otro tipo de comentario”, agregó Cardona.
La abogada señaló que en ningún momento se presentaron los estudios técnicos, “porque supuestamente tampoco se tienen. Lo que estamos viendo es que es una actividad muy recurrente, que solamente se llega, se aprueba y no se discute”. A juicio de la profesional, el Órgano Legislativo “se está convirtiendo en un mera pasa papeles del Ejecutivo.
Con la aprobación y vigencia de la Ley de Minería, se estaría autorizando la explotación minera en El Salvador, algo que afecta el derecho a la salud y vida de la población por todos los contaminantes que lleva desarrollar el trabajo minero.
“Esta ley atenta contra derechos fundamentales como la vida y la salud de la población salvadoreña, se sabe que no existe minería responsable, esto contaminaría el agua, conllevando a impedir el acceso a la salud; la minería no garantizará el acceso a servicios básicos, ya que sus efectos serán a corto plazo y la solución a largo plazo”, comentaron las organizaciones en su comunicado de prensa.
Las organizaciones señalan que el Estado debe garantizar el acceso a servicios de salud, medicamentos, y a instalaciones adecuadas de agua y saneamiento. “El derecho a la vida implica que el Estado debe proteger la vida de las personas y no quitarla, al no proteger la vida de las personas, no crear condiciones para que puedan vivir dignamente, es violar el derecho fundamental de la vida y la salud”, puntualizaron.
Benjamín Cuellar, representantes de Víctimas Demandantes (VIDAS), reafirmó que la forma en la que se aprobó la Ley de Minería es inconstitucional ya que se violentan los derechos consignados en la Constitución de la República, como el de la salud y la vida.
“La forma de cómo se aprobó, para plantear la inconstitucionalidad, refuerza el reclamo por estos dos derechos que son lo más importante, por eso se ha pronunciado la Iglesia Católica y la sociedad salvadoreña”, añadió Cuellar.
“Es fundamental que se empiecen a dar estos pasos para demandar desde la sociedad la inconstitucionalidad de una ley de muerte, no es la Ley General de Minería Metálica, es la ley general de muerte”, concluyó Cuellar.
Las organizaciones que presentaron la demanda de inconstitucional fueron: Justicia Social y Contraloría Ciudadana, VIDAS, la campaña ciudadana “Donde está Carlos”, y el ciudadano Patricio Pineda.
La iglesia católica anunció que iba a buscar un millón de firmas para solicitar la derogatoria de la Ley de Minería ya que afecta a la salud de la población. Según se ha informado, en todas las parroquias ya sea antes o después de las misas, los feligreses pueden firmar.
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