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Estas firmas, sumadas a las más de 150 mil presentadas por la iglesia católica a la Asamblea Legislativa el 18 de marzo pasado, junto a una pieza de correspondencia donde se exigía la derogatoria de la Ley, “son solo una expresión muy pequeña” del rechazo generalizado de la población a la propuesta de Bukele de imponer la minería en el país.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Respaldada con más de 50 mil firmas de la ciudadanía que está en contra de la minería, organizaciones sociales y ambientalistas presentaron en la Corte Suprema de Justicia, al término de la mañana de este lunes, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería. Esta acción fue presentada en el marco del 45 aniversario del martirio de San Romero de América. La procesión en honor a Romero se unió a la marcha que finalizó en la Corte Suprema.
Este lunes, en el marco del Día Mundial del Agua (22 de marzo) y en el 45 aniversario del martirio de Monseñor Romero, 27 plataformas, organizaciones y colectivos sociales (que aglutinan a más de 300 organizaciones sociales, iglesias y comunidades) presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ contra la Ley de Minería, acompañada con más de 57 mil firmas de ciudadanos como un respaldo y defensa de la vida y los bienes naturales, como el agua, el suelo y el bosque.
Estas firmas, sumadas a las más de 150 mil presentadas por la iglesia católica a la Asamblea Legislativa el 18 de marzo pasado, junto a una pieza de correspondencia donde se exigía la derogatoria de la Ley, “son solo una expresión muy pequeña” del rechazo generalizado de la población a la propuesta de Bukele de imponer la minería en el país.
De hecho, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA en su última encuesta, señala que seis de cada diez salvadoreños se oponen a la minería metálica en El Salvador.
Este lunes también se conoció de una encuesta de la Universidad de El Salador (UES), en la más del 60% de los encuestados están en contra de la minería, y más del 70% señala que la minería ocasionará daños en el país.
La oposición por la extracción minera tiene a la base los severos impactos sociales, económicos y ambientales que causaría dicha actividad en los territorios donde se desarrolle y al país en general, plantearon las organizaciones.
La demanda de inconstitucionalidad presentada “está fundamentada en seis motivos de inconstitucionalidad, siendo uno de forma y cinco de contenido. La inconstitucionalidad por vicios de forma se configura en virtud del quebrantamiento del principio constitucional de deliberación parlamentaria, específicamente en su manifestación de debate, publicidad, contradicción y participación de la comunidad en la actividad legislativa”, plantearon las organizaciones.
Es de recordar que la propuesta de Ley fue presentada el 20 de diciembre, ingresada ese mismo día y enviada a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, analizada en una sesión exprés, durante 98 minutos el día 21, donde solo participó el director general de Energías, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez. La Ley se aprobó el 23 de diciembre y finalmente sancionada por Bukele y enviada al Diario Oficial para su publicación ese mismo día.
Las organizaciones plantearon que los motivos de fondo sobre los que descansa la inconstitucionalidad alegada se refieren a vicios en el contenido, referidos a la vulneración de los artículos 6 inc. 2, 117 y 246 inc. primero de la Constitución. En esencia, los artículos 6, 7, 8, 9, 11 «e» y 34 de la Ley General de Minería Metálica vulneran de forma general y abstracta el derecho un medio ambiente sano, contenido en el Art. 117 de la Cn. Así como en tratados internacionales que lo tutelan; ignorando la obligación que tiene el Estado de controlar las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar de la población, contenida en el Art 65 inciso segundo; y finalmente, violentando el Art. 246 inciso primero, que impide que las leyes secundarias alteren los derechos establecidos en la Constitución.
La ley implica un fraude a la constitución al permitir al Estado la creación de sociedades bajo la figura de asocio público privado con el fin de no sujetarse a los controles y procedimientos constitucionales, tales como la obligación que toda concesión sea otorgada por la Asamblea Legislativa.
Esta decisión no solo atenta contra las comunidades, los territorios, el agua y la soberanía nacional, sino que también vulnera derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua.
A la fecha, más de 207 mil firmas han sido recolectadas en rechazo a la Ley General de la Minería; sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto.
También, los participantes de la caminata ecuménica en honor al martirio de San Óscar Romero expresaron su rechazo por la ley de minería, aprobada en diciembre del 2024 y se unieron a las organizaciones que iban a presentar la demanda de inconstitucional contra la Ley de Minería.
