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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Representantes de organizaciones defensoras y promotoras de los derechos de inmigrantes en Estados Unidos entregaron 717 cartas en las que ciudadanos estadounidenses y de otros países, piden al fiscal general de la República, Raúl Melara se detenga la criminalización y persecución de los defensores del derecho humano al agua en el municipio de Tacuba, Ahuachapán.
Las organizaciones CARECEN Los Ángeles, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Pro Vida hicieron la entrega de las cartas en la sede fiscal de La Sultana. Los colectivos subrayaron que se está haciendo uso del poder punitivo del Estado para criminalizar causas justas.
Karen Ramírez, representante de Pro Vida opinó que el sistema judicial está sentando un precedente “nefasto” al criminalizar la gestión comunitaria del agua. “Son más de 2,300 juntas de agua que abastecen el 40 % del área rural y que desarrollan su trabajo ante la ausencia del Estado en los últimos 25 o 30 años”, explicó.
La activista sostuvo que siete comunidades del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán se han visto afectadas puesto que las juntas de agua ya no pueden invertir en el deteriorado sistema de abastecimiento de agua potable, por considerar el modelo de gestión comunitaria del agua como un crimen.
Las organizaciones señalan, a la vez, que los vacíos suscitados ante la falta de una ley general de aguas ha dado lugar a que se propicie la gestión comunitaria del agua. “El Estado salvadoreño le está adeudando a las comunidades de Tacuba no solo una ley, sino también la protección de sus derechos, cuando la fiscalía se empeña en perseguir a los defensores de bienes colectivos”, añadió Ramírez.
La representante de la organización CARECEN, Xóchitl Sánchez consideró que la campaña mediática que insta a los salvadoreños a no emigrar debe fundamentarse en la generación de las condiciones de vida idóneas en el país.
El caso
En 2016, el entonces alcalde de Tacuba, Joel Ramírez Acosta y la FGR acusaron a siete líderes comunales por presunto hurto agravado, hurto de energía y fluidos y usurpación de inmuebles. Los procesados ya fueron exonerados de las imputaciones por hurto de energía y fluidos y usurpación de inmuebles y reafirmaron su calidad de perseguidos y criminalizados.
