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Melissa Sánchez
@Diario Co Latino
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y Acción Ciudadana piden que las elecciones de magistrados se realicen bajo independencia e idoneidad de los candidatos.
El pasado 7 de junio, la Asamblea Legislativa inició con las entrevistas a los candidatos para ser elegidos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las cuales se entrevistó a los primeros diez aspirantes. Las preguntas realizadas por el pleno no eran de acuerdo con el perfil profesional.
La entrevista fue encabezada por diputados de Nuevas Ideas, la primera pregunta era sobre si estaban de acuerdo con la sustitución de los magistrados, refiriéndose al 1M; asimismo, si estaba de acuerdo con las sentencias 1-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de inconstitucionalidad, las cuales declararon inconstitucional las cuarentenas y el régimen de excepción.
Al mismo tiempo, el parlamento no autorizó la participación de organizaciones civiles que anteriormente han participado en el proceso realizando preguntas a los candidatos.
Eduardo Escobar (director ejecutivo de Acción Ciudadana) explicó: “La sociedad civil viene fiscalizando estos procesos de elección de funcionarios desde hace diez años; sociedad civil ha promovido, ha monitoreado y ha promovido juicios de inconstitucionalidad”.
De acuerdo con los estándares jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional para la elección de los magistrados, debe existir una legalidad democrática entre los electos y se deben a los intereses populares y no a los partidos políticos, así mismo, debe existir una
independencia entre los candidatos y el órgano elector.
Asimismo, establece que la Asamblea Legislativa debe dar cumplimiento a los principios que estructuran el procedimiento para la elección de los funcionarios, entre ellos la democracia, pluralismo, la participación, publicidad y transparencia; en este último, Escobar
declaró que “no se conoce cuáles son los criterios y cuáles son las bases para la entrevista”.
Igualmente, es importante que se garantice una mayor calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía; es decir, los candidatos deben mostrar profesionalismo para desempeñar con responsabilidad las funciones al cargo correspondiente, otro criterio es la documentación de todo el proceso, así como el perfil de la persona aspirante al cargo para acreditar su idoneidad.
“Los diputados no tienen claro o no trasladan el perfil idóneo así como cuáles son los elementos que se están utilizando para evaluar a las personas y por lo poco de la información que podemos acceder lastimosamente el perfil que se está dibujando es de alguien que resulta leal al proyecto político del ejecutivo y legislativo que ahora están ya alineados y que viene a dejar más débil la independencia judicial que necesitamos garantizar en el país”, Jessica Estrada, directora del área de transparencia, FUNDE.
Además, FUNDE y Acción Ciudadana hacen un llamado a la Comisión Política a que adopte mecanismo objetivos y transparentes para evaluar el perfil de las personas aspirantes a magistrados de la CSJ, que la etapa de liberación sea abierta y que permita generar confianza durante el proceso y por último piden que la decisión sea de forma ética e independiente.
También, Acción Ciudadana presentó “la propuesta para la evaluación de candidaturas proceso de elección de magistraturas de Corte Suprema de Justicia 2021-2030”, con el objetivo de fortalecer la democracia y dada la ausencia de criterios objetivos de la Asamblea Legislativa.
