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@RoxmeryLopez
Diversas organizaciones sociales que defienden los derechos humanos a nivel nacional e internacional, shop con conocimiento de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, physician presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 17 indultos pertenecientes al mismo número de mujeres condenadas por homicidio agravado.
“Cada una de estas mujeres están purgando penas, unas hasta de 40 años de prisión, que es la pena máxima que se les está otorgando”, aseveró Angélica Rivas, representante del movimiento Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador.
En consecuencia de esto, algunas mujeres tienen un aproximado de 15 años de estar en la cárcel cumpliendo una condena que no merecen. “Por motivos de justicia y de equidad estas mujeres en lugar de estar cumpliendo una pena deberían de estar en sus casas con sus familias, viviendo tranquilas”, indicó Rivas.
Por lo tanto, les están violentando derechos humanos y fundamentales al privarlas de libertad. Según Rivas, ni al sistema ni a la sociedad le conviene o le beneficia tener en prisión a dichas víctimas. Además de la vulneración a los derechos humanos, cada uno de estos casos ha agotado recursos jurídicos como apelación, casación, amparo y revisión. Esto debido a que sólo la ley en mención puede significar algún tipo de reparación “para las desmesuradas condenadas” otorgadas a estas mujeres.
Pese a lo anterior, en la adjudicación de penas impuestas, no toman en cuenta la situación que están teniendo las detenidas en términos de salud física, emocional y psicológica a consecuencia de “una injusta” privación de libertad.
Sin embargo, esta petición de “Libertad para Las 17” no sólo está respaldada por organizaciones nacionales sino por internacionales que velan por el fiel cumplimiento de los derechos humanos. “Es un llamado a los tres órganos del Estado de acelerar este procedimiento de indulto y que el trámite que realicen sea lo más expedito posible”, exclamó Rivas.
Por otra parte, desde un pensamiento cristiano se observa el atropello de los derechos humanos hacia estas mujeres, de las cuales muchas son jóvenes, pobres y de baja escolaridad según Daniela Kreerd, reverenda de la iglesia evangélica protestante de El Salvador.
“La denuncia tiene una trascendencia hacia los derechos humanos bastante relevante”, aseveró David Ernesto Morales Cruz, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, esta denuncia expuesta a la PDDH también ha sido presentada en la Asamblea Legislativa.
Según el Procurador Morales, es probable que los jueces que estuvieron impartiendo justicia hayan actuado con criterio de prejuicios de enfoques discriminatorios hacia la mujer, a tal grado que hayan soslayado elementos vinculados a las pruebas forenses. “Aún con pruebas forenses inconsistentes, sin suficiente prueba testimonial y otras irregularidades del debido proceso habrían empujado, de manera sesgada y parcial, un proceso injusto contra estas mujeres”, reiteró Morales. Sin embargo, las representantes de la plataforma “Libertad para Las 17” manifestaron que a las mujeres detenidas por acusación de homicidio agravado no se les consideraron tres aspectos fundamentales como complicaciones obstétricas, partos precipitados o irrespeto al derecho de presunción de inocencia. En pocas palabras, se les desestimaron aquellas pruebas que hubiesen podido demostrar su inocencia, afirman.
En ese sentido, Morales consideró que el funcionamiento del sistema judicial salvadoreño, cargado de prejuicio con probabilidad de índole religiosa, es objeto de preocupación nacional desde hace varios años, debido a que el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado de El Salvador que revisara este tema respecto a las condenas que se están otorgando en dichos casos.
