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Redacción Nacionales
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó iniciar trámites para la extradición de Mario Reyes Mena, un coronel retirado de la Fuerza Armada de El Salvador, y uno de los principales sospechosos en el asesinato de los cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado.
Pedro Cruz, abogado defensor, y director de la Asociación Salvadoreña de los Derechos Humanos (ASDEHU), informó que este jueves, la CSJ de El Salvador ordenó los trámites con Estados Unidos, país donde reside el coronel retirado.
Es de contextualizar que integrantes del batallón Atonal emboscaron y asesinaron en 1982 a los cuatros periodistas holandeses que documentaban la realidad del conflicto armado de El Salvador.
“Una resolución que emiten al Juzgado de Dulce Nombre de María (en Chalatenango) donde informa que la Corte acaba de enviar un oficio penal decidieron darle luz verde a la extradición”, reveló el abogado a medios de comunicación .
El militar de alto rango, en calidad de retiro, reside en Virginia, Estados Unidos; en ese sentido, ordenan a la Fiscalía General de la República que gire un oficio para la respectiva extradición.
En esta masacre también están siendo procesados el exministro de Defensa José Guillermo García, y el exdirector de la Policía de Hacienda Francisco Antonio Morán, estos se encuentran bajo arresto en San Salvador desde 2022, en un centro hospitalario por temas de salud.
El crimen contra Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen se perpetuó el 17 de marzo de 1982, en el departamento de Chalatenango, al norte del país. La emboscada fue ordenada por Reyes Mena, quien en ese momento era comandante de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango.
Este crimen contra los periodistas holandeses fue uno de muchos que cometió el ejército, según lo constata el informe de la Comisión de la Verdad, tras los Acuerdos de Paz.
La comisión documentó varios crímenes de lesa humanidad durante el desarrollo de la guerra civil salvadoreña, ocurrida desde 1980 a 1992. La mayoría de los casos siguen en la impunidad y tampoco ha habido un cierre para los miles de familias afectadas por la desapariciones o asesinatos de sus seres queridos.
