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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Comunidad Santa Marta y ADES exigieron al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, que cumpla con la orden de la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque, emitida el 30 de junio, para llevar a cabo la audiencia especial de revisión de medidas en el caso de los líderes comunitarios capturados el 11 de enero de este año.
El abogado defensor, Denis Muñoz, expresó que desde hace más de un mes se ordenó al Tribunal la audiencia de revisión de medidas sustitutivas a la detención provisional, producto de un recurso de apelación presentado oportunamente, sin embargo, no se ha señalado la fecha bajo el pretexto que debe tener los informes de salud de los líderes comunitarios privados de libertad.
“Cómo es posible que se esté alargando el plazo de instrucción o de investigación en un caso que ni siquiera tiene pruebas concretas en contra de las personas acusadas injustamente, más allá de no tener una pronta y cumplida justicia para resolver su situación jurídica, lo que denota es la debilidad del caso y los vacíos procesales”, aseguró.
El abogado cuestionó cómo uno de los líderes comunitarios recluido en centro penal de mediana seguridad de Izalco, va a estar en buena salud, siendo adulto mayor con enfermedades crónicas degenerativas y daños en órganos, ya que hoy en día en el país, con el hacinamiento carcelario es muy poco probable una salud social.
“La Constitución de la República aún vigente establece de manera pronta y cumplida justicia. Mejor fuera de El Salvador se genera una olla de presión para que se tengan la libertad de los líderes comunitarios, se defiende más el debido proceso fuera del país que dentro de la fronteras patrias”, externó Muñoz.
Alfredo Leiva, directivo de ADES-Santa Marta, habló la última estrategia para mantener en la cárcel a los líderes ambientalista, en referencia a la actitud dilatoria asumida por el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, ante la orden de una audiencia especial de revisión de medidas.
Asimismo, señaló que el mismo Tribunal rechazó en dos ocasiones la petición de revisar la detención y ahora lleva 40 días sin acatar la resolución de la Cámara, alargando en forma despiadada el sufrimiento de los cinco líderes. También ha extendido injustificadamente la fase de instrucción y trasladó la audiencia preliminar hasta febrero de 2024.
“Exigimos al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque no retrasar más la audiencia especial de revisión de medidas, y que revierta la detención de los líderes ambientalistas, tal como lo solicitó el pasado 16 de mayo la Relatoría Especial de Defensores de Derechos Humanos de la ONU. Exigimos cumplir con el debido proceso, respetar los derechos humanos y cesar la criminalización de nuestros líderes ambientalistas”, manifestó Leiva.
Leiva agregó que continúa la injusticia contra los líderes comunitarios detenidos arbitrariamente el pasado 11 de enero, y encarcelados durante casi siete meses en condiciones inhumanas y bajo reglas del Régimen de Excepción, aun cuando el caso no tiene relación con pandillas, sus familiares no los ven desde el 18 de enero y el abogado defensor desde el 7 de marzo.
Según el directivo de Santa Marta y ADES, durante todo este tiempo la Fiscalía y los Tribunales han maniobrado para mantenerlos en prisión, a pesar de su delicado estado de salud, la inexistencia de riesgo de fuga y aun cuando en todos los demás casos de delitos relacionados con la guerra civil los acusados son procesados en libertad, también es el único caso de su tipo con reserva total de información.
La comunidad Santa Marta y ADES ha denunciado que el objetivo real de la acusación contra los cinco ambientalistas no es investigar supuestos delitos de la guerra, sino criminalizarlos por su condición de defensores para debilitar la resistencia comunitaria, debido y que el actual gobierno está preparando condiciones, para retomar los proyectos mineros con la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y minas que incluye la explotación de minerales.
Hace siete meses demandan al Sistema Judicial la libertad de Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez, quienes desde enero permanecen encarcelados injustamente y en condiciones inhumanas. El Estado, en vez de acusarlos injustamente, sin pruebas de sustento legal, debería reconocer su contribución al país por la lucha en defensa del agua, el medio ambiente y la vida.
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