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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Los ciudadanos Bessy Ríos y William Hernández presentaron este lunes, ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso para solicitar se investigue a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, por declarar a la instancia «incompetente» para conocer el caso de Eduardo Jaime Escalante, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil acusado de presunta agresión sexual en menor incapaz.
Los demandantes advirtieron que la decisión de la Cámara podría haberse tomado para favorecer al imputado, incurriendo en la figura delictiva de prevaricato; es decir, una resolución emitida por un juzgador que es contraria a derecho.
“Nuestro interés es romper con este precedente nefasto, no sabemos cuántas personas están en bartolinas por este delito, estamos dejando a nuestros niños y niñas indefensos”, comentó Ríos, quien agregó que la Cámara no ha tenido en cuenta el derecho internacional en materia de protección de derechos de la niñez al cambiar el tipo penal presentado por la FGR.
Este 31 de octubre, los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador consideraron que los hechos de los que se acusa al magistrado Escalante son una falta catalogada por el Código Penal como “Faltas a la Familia, Buenas Costumbres y al Decoro Público” y no un episodio de agresión sexual en menor incapaz, como acusó la fiscalía.
Con lo anterior, la Cámara remite el caso a un Juzgado de Paz y el funcionario evita una posible pena carcelaria, en caso de ser hallado culpable, puesto que el hecho no está tipificado como delito.
En tanto, William Hernández consideró que en la resolución no se tuvo en cuenta el bien de la menor y subrayó en la necesidad de reformar el marco regulatorio que procure los derechos de la niñez y la adolescencia.
Los ciudadanos que presentaron el aviso en la FGR dijeron que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia que audite el actuar de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador y exigen que se inicie un proceso de depuración judicial.
Cámara reacciona
En un comunicado difundido la tarde de este lunes, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador aclaró que sus magistrados actuaron apegados a lo que dicta la Constitución de la República.
Según indicó la instancia, es el órgano Legislativo el que establece los tipos penales y que los funcionarios judiciales “carecen de la facultad constitucional y legal para crear figuras delictivas, debiendo limitar su análisis a los tipos penales que se encuentran regulados en la legislación aplicable”.
Asimismo, en el comunicado, firmado por los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, se rechazan los señalamientos vertidos por el presidente de la República Nayib Bukele, y miembros de su gabinete a la resolución. “Constituyen una clara violación a la independencia judicial y obstaculizan indebidamente nuestra función judicial”, dice la publicación.
