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Organizaciones sociales, sindicales y campesinas aglutinadas en el movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR12) pidieron a la Fiscalía General de la Republica (FGR) investigar al alcalde de Tacuba, Joel Ernesto Ramírez, y a su consejo municipal por actos arbitrarios y peculado.
Graciela García, representante del MPR12, exigió a la FGR actuar de oficio contra el alcalde por las diversas acusaciones que tiene en su contra. Además urgió al Ministerio Público actuar con la misma diligencia contra el edil tal como lo hizo contra nueve líderes comunitarios de siete comunidades de Tacuba.
Además los representantes de las organizaciones criticaron la actuación de la Fiscalía al criminalizar a los líderes de las comunidades de Tacuba, al acusarlos de sustraer agua en perjuicio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Oscar López, abogado defensor de los líderes comunales, dijo que los delitos que ha presentado la FGR no tienen un fundamento jurídico válido por lo que espera que en la audiencia preliminar que se realizará la próxima semana se dé un sobreseimiento definitivo para sus defendidos.
Según los representantes sociales, la acusación presentada por el fiscal Miguel Santiago Cross no tiene sustento legal, porque los supuestos delitos de usurpaciones se basa en argumentos falsos ya que la alcaldía no es dueña del inmueble y el otro delito de hurto de fluidos no tiene asidero legal.
Los representantes comunales pertenecen a la junta directiva de la Asociación Comunal La Bendición de Dios (ADESCORBD). Los supuestos delitos que se les imputan son hurto agravado de fluidos y apropiaciones de inmuebles.
Aseguraron que ANDA determinó que la alcaldía de Tacuba no tiene autorización para la explotación y abastecimiento de las siete comunidades mismas a las que representan los líderes comunales que por ahora se encuentra enfrentando un proceso judicial, explicó García.
“Hace tres años se logró esa declaratoria por parte de ANDA para los sistemas de agua que son comunitarios, así que está totalmente legal, el problema es que es un derecho humano al agua inalienables y en este momento la alcaldía a enajenado parte del sistema y hay comunidades y familias que no les llega el agua”, afirmó la líder del MPR12.
Argumentaron que la parte fiscal ha obviado la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional y tampoco atendió las medida de protección a favor de los líderes comunales ordenada por la Procuraduría de Derechos Humanos en 2015.
El sistema de agua que hoy se disputa entre la alcaldía y las comunidades fue construido con fondos propios de estas localidades y de la cooperación y fue declarado por ANDA como bien social según lo explicó la líder del MPR12.
