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@JoakinSalazar
Por el delito de Actos Arbitrarios fueron denunciados, pharm ante la Fiscalía General de la República (FGR), salve los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pharmacy Belarmino Jaime y Sídney Blanco, como también el Jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, por haber iniciado, bajo procedimientos viciados e intereses propios, las investigaciones en contra de funcionarios y ex funcionarios de gobierno, sin contar con un mecanismo adecuado.
Abogados independientes de la República interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, al considerar que existieron actos arbitrarios cometidos por los funcionarios de la CSJ, puesto que iniciaron cuatro investigaciones y procedimientos civiles contra funcionarios, por “olfato” y una supuesta “lucha contra la corrupción”.
Los magistrados Belarmino Jaime y Sídney Blanco integraron la primera comisión de Corte Pleno, que se encargaba de verificar el trabajo de la Sección de Probidad.
A principios de 2015, luego de ser cerrada por orden expresa del ex presidente Francisco Flores, dado que la Sección de Probidad intentó investigar a miembros de su gobierno; los magistrados Jaime y Blanco reaperturaron dicha entidad, que inició, sin criterios establecidos y con la Ley de Enriquecimiento Ilícito que data de 1959, las investigaciones contra el Diputado Reynaldo Cardoza, el ex Director del ISSS, Leonel Flores; ex presidente Mauricio Funes, y el ex mandatario Elías Antonio Saca.
“Lo que sucede aquí es que no existe un criterio claro y definido para hacerle el examen de probidad (a los que son acusados); por otro lado, escogieron una ley que no es la correcta, el ejercicio de la sección de probidad le corresponde a un mandato en pleno de la Corte, así dice La Ley Orgánica, y así dice la Constitución de la República, y todo cuerpo que a él se refiere, es una orden que viene emanada del pleno de la Corte Suprema de Justicia, no de dos magistrados”, dijo Roberto Juárez, uno de los abogados denunciantes.
Además, el abogado afirmó que en una auditoría es permitido tener el derecho a audiencia y respuesta, caso que no ha sido establecido para las personas que están siendo procesada civilmente.
“Al ex presidente Mauricio Funes le conceden tres días para que conteste incongruencias que encuentran, pero al ex funcionario Leonel flores le concedieron cinco ¿por qué razón? esto no lo justifica. A Elías Antonio saca no le conceden nada porqué entonces tratan a uno de una forma y a otros de otra”, agregó Juárez.
El caso del diputado, que ya se le mandó a cámara, nunca manejó fondos, nunca ha demostrado en este examen tan alocado que ha hecho la sección de probidad, no se ha demostrado de que ellos han de han manejado fondos públicos.
Para el grupo de abogados existen una serie de arbitrariedades que han venido cometiendo los magistrados, que es reflejo de que “han venido resbalando en todas las resoluciones que ha venido emitiendo”.
Y es que los abogados aseguran que este accionar de los magistrados no demuestra seguridad jurídica, lo que genera una mala visión del país, ante la comunidad internacional.
Por otra parte, el abogado no quiso afirmar que este proceder de los magistrados Belarmino Jaime y Sídney Blanco, tenga intereses políticos, pero si cuestionó qué los motiva a realizar estas investigaciones, puesto que existen funcionarios del periodo de gobierno 2004 – 2009 que están por prescribir.
“¿Cuál es la intención, entonces? inician un proceso viciado, que comienza con una supuesta lucha contra la corrupción, dicen están haciendo investigaciones para evitar la corrupción y eso es falso porque las investigaciones que están haciendo están viciadas”, dijo.
Asimismo, recalcó por la supuesta lista de 29 funcionarios investigados “han escogido estos 29, sin ninguna forma de prioridad que sea justa y digna de decir, bueno, vuelvan a instaurar la sección de probidad después de 10 años, que le han tenido sin uso, pero qué bien están haciendo un trabajo envidiable, pero ¡no! vienen a elegir a cuatro y lo sacan por puro olfato y clamor público; el olfato no es lo que no debe de llevar a una investigación seria”.
Finalmente, el abogado aseguró que espera que la Fiscalía General de la República realice una investigación seria de los actos arbitrarios cometidos por los magistrados, lo que determine la existencia del cometimiento del delito.
