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Redacción Nacionales
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La Fundación CRISTOSAL presentó una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) a fin de que investigue posibles irregularidades en el uso de fondos públicos para la asignación de agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC) a personas que no están comprendidas en la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, entre ellas Herbert Saca y José Luis Merino.
Las acciones fueron ejecutadas por órdenes presuntamente emitidas por el titular de la PNC, Mauricio Antonio Arriaza Chicas, a petición de la presidencia de la República. En ese sentido, la denuncia va encaminada a que investigue las acciones del directo Arriaza Chicas.
La denuncia surge luego de una publicación periodística de la Revista Factum donde señala que el Estado salvadoreño ha brindado protección especial a diversas personajes que no se encuentran comprendidas en la ley que regula este beneficio, como empresarios, dirigentes de partidos y operadores políticos, por lo que se ha violentado dicha ley y el instructivo para la contratación de personal supernumerario de la PNC.
CRISTOSAL recordó que en la nota periodística se citó como fuente diversos documentos que fueron filtrados por el grupo de hacktivistas denominado “Guacamaya Leaks”, algunos de esos documentos incluyen: “reportes oficiales, con firma y sello policial” que dan cuenta de que el empresario y operador político, Herbert Saca, tenía servicio de seguridad pagado por el Estado “desde enero de 2020 hasta al menos diciembre de 2021”. Periodo en el cual era investigado por lavado de dinero.
En la denuncia presentada, también se incluye a otras personas que habrían sido beneficiadas con protección y que no son funcionarios ni califican como “persona de alto riesgo”. Entre estas, José Luis Merino, exfuncionario y dirigente político del FMLN; Léster Toledo, ciudadano venezolano y presunto exasesor de la Presidencia de la República; Kriscia Fuentes, quien ostenta el cargo de consejera nacional del partido Nuevas Ideas; Salvador Alas (La Choly) exfuncionario y actual gerente general de Grupo Samix; y Adolfo Salume Artiñano, empresario salvadoreño que tiene, además, un beneficio adquirido por ser “cónsul honorario de Jamaica”, calidad que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la ley.
La investigación de Revista Factum, con base en los documentos “Guacamaya Leaks”, señala que Herbert Saca tenía servicio de seguridad pagado por el Estado desde enero de 2020 hasta al menos diciembre de 2021. Habrá que recordar que Herbert Ernesto Saca Vides es un empresario y operador político presuntamente involucrado en los esquemas de corrupción de los gobiernos de los expresidentes Antonio Saca, su primo, y Mauricio Funes, asilado en Nicaragua. Es también cercano al actual presidente y un hombre influyente en GANA, el partido político que llevó a Bukele al poder en 2019. Factum explicó que dos fuentes de la FGR y dos fuentes de la PNC les aseguraron que Saca Vides está relacionado a casos de corrupción durante al menos dos administraciones presidenciales. “Dos de las fuentes coincidieron en que es posible que la protección de cuatro PPI asignados a él puede partir del riesgo de que sea atacado por lo que sabe. “Él ha estado metido en todo, desde el caso (del expresidente) Saca hasta en este gobierno. Cualquiera lo puede querer mandar a matar”, dijo una de las fuentes”, según el medio.
En 2013, el periódico digital El Faro expuso que Herbert Saca Vides estuvo vinculado con una camioneta contaminada de cocaína y una aparente relación con una red de narcos. En 2016 la importadora de vehículos HS Imports, negocio reconocido de Saca, fue allanado por la PNC y FGR en busca de pruebas sobre la corrupción durante el gobierno del expresidente Antonio Saca, ahora preso en el Centro Penal “La Esperanza”.
Sin embargo, Herbert Saca es una de las personas que tiene inmunidad en El Salvador a pesar de no ser funcionario. Durante los últimos 10 años, el operador político en cuestión solamente se le han hecho señalamientos, pero nunca la formación de un delito.
Inclusive, hace un par de años, por medio de una investigación, se revelaron presuntas conversaciones privadas entre el expresidente Mauricio Funes y su círculo cercano. En las conversaciones, el exmandatario aseguraba que su amigo y asesor, Herbert Saca Vides, era el encargado de comprar la voluntad de diputados de oposición con dinero de la partida secreta para garantizar la gobernabilidad. Todo esto ha pasado desapercibido por los actuales jefes de justicia y los que se vanaglorian de combatir la criminalidad en el país.
¿Puede Presidencia solicitar protección especial a un particular (Saca Vides)?
Según la Ley de Protección a Personas Sujetas a Seguridad Especial, el proceso para la asignación de agentes PPI no son procedentes de Casa Presidencial. El funcionario interesado en seguridad se lo solicita al director de la corporación policial argumentando que tiene un grado de peligrosidad inminente. El director policial lo consulta con la FGR y acepta la solicitud, la envía a la Subdirección de Áreas Especializada y éste remite la autorización a la División de Protección a Personalidades. Los solicitantes pueden tener un máximo de cuatro agentes cuando la evaluación realizada evidencie un alto grado de peligrosidad.
¿Quiénes catalogan como personas de alto riesgo y lo es Saca Vides?
El artículo 1 de la referida ley establece que “se consideran siempre para los efectos de esta ley, como personas de alto riesgo, quienes hayan desempeñado los cargos de presidente de cualquiera de los órganos fundamentales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y judicial) y del vicepresidente de la República, quiénes gozarán de la protección establecida por esta ley, de por vida”. También, “los candidatos proclamados por los partidos políticos a presidente y vicepresidente de la República participantes en un evento electoral presidencial, los cuales gozarán de las medidas de protección especial desde diez meses antes del inicio del período presidencial siguiente, hasta treinta días después que el Tribunal Supremo Electoral haya declarado firme los resultados del mismo”. Se agrega que aquellas personas que, a consecuencia de la finalización definitiva del conflicto armado, y por el rol que desempeñaron y la relevancia del mismo, puedan convertirse en objetivos potenciales de agresiones o atentados contra sus vidas”. También se denominan como personas de alto riesgo. Saca Vides no cumple con estos requisitos de ley.
Por tal razón, CRISTOSAL solicita a la Corte de Cuentas de la República la admisión de la denuncia, un examen especial sobre el uso de los fondos públicos para la contratación de personal supernumerario y un examen sobre los procedimientos realizados para asignar protección especial a estas personas.
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