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Rebeca Henríquez
Colaboradora/@DiarioCoLatino
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua criticó el silencio de la Comisión Ad-Hoc de la Asamblea Legislativa que estudia el proyecto de Ley de Recursos Hídricos que lleva 22 días sin reunirse, al tiempo que pidió una ley de aguas a favor de las minorías. La Alianza reclama la promesa que el presidente Nayib Bukele hizo y recalca que el oficialismo es mayoría en el pleno legislativo.
Amalia López, miembro de la Alianza, recalcó que en el anteproyecto de ley no se incorporan sus propuestas y no tiene una base con enfoque de derecho humano, aspecto que el relator especial sobre Derechos Humanos de la Naciones Unidas hizo ver su preocupación la preocupación a falta de referencia a los derechos y al saneamiento.
“Es necesario que haya toda una sección en el proyecto (de Ley de Recursos Hídricos), que se dedique únicamente a la garantía del derecho y al saneamiento”, dijo López, señalando que de no contar con medidas especiales, se puede presentar una crisis sanitaria que disminuya la calidad del elemento hídrico y la contaminación de los mantos acuíferos, por ello es necesario un reconocimiento como dos derechos y no como uno solo.
La organización destacó que la ley es muy generalizada y no tiene objetivos precisos, ya que no cumple con las expectativas de los salvadoreños, no está diseñada para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y “mucho menos para regular en favor de la población”, aspectos que no resuelven la crisis hídrica de El Salvador y solo benefician a las mayorías.
En ese sentido, Adela Bonilla, también miembro de la Alianza, manifestó que pese al estudio previo por parte de las organizaciones civiles acerca de lo que debe tener una ley de agua, se le otorga el permiso a las empresas embotelladoras de 15 años entendible por períodos iguales, que corresponde a “30 años para explotar el bien hídrico”, cuando a las juntas de agua que suministran por sus propios medios la gestión de agua a la población, solamente se le dará un permiso de 5 años, sumándose a esto, que a las juntas de aguas se les cobrará el uso del canon, lo que podría hacerlas quebrar financieramente y así, no brindar dicho servicio que afectaría a miles de salvadoreños que se abastecen de agua a través de estas juntas de aguas.
“No es justo que la responsabilidad que tiene el Gobierno no se cumpla, y tampoco permitan que se cumpla, no hacen, ni dejan hacer”, recalcó Bonilla.
Los representantes de la Alianza hicieron énfasis que no han citado a los diputados a la comisión a reunirse, que ya llevan tres semanas, de no hacerlo, cuando existe la necesidad de cumplir la promesa de campaña que el partido oficialista hizo.
Por su parte, Carlos Blanco, afirmó que el esfuerzo que se ha dado desde hace más de 15 años, “está siendo frenado”, debido a que la comisión está evadiendo un “proceso acelerado” que ellos mismos construyeron, en la sospecha de que estén negociando “nuevamente” con los grupos de poder que anteriormente demostraron que pueden frenar cualquier iniciativa a beneficio propio.
“Aquellos permisos que se le daban por debajo de la mesa a las empresas para que puedan hacer uso del agua desmedidamente, ahora serán oficializadas a través de una ley”, dijo Rodolfo Calles, tras agregar que se debe definir el mecanismo de cómo se utilizarán las cuencas y priorizar los usos del agua referente a una jerarquización.
Por lo anterior, demandaron a la Comisión Ad-Hoc a que regrese el estudio de aquellos aspectos que ya han señalado, y demandan la ratificación de la reforma que reconoce el derecho humano al agua, apegado a un enfoque de Derechos Humanos afirmó la Alianza Nacional contra la Privatización del agua.
Por ahora, se desconoce cuando volverá a sesionar la Comisión Ad-Hoc, ya que inclusive, en las convocatorias que hacen posterior a la finalización de cada sesión plenaria no se ha estado convocando.
