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Redacción Nacionales
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El «Colectivo Libertad» y COFAPPES piden al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su intervención de forma inmediata, a través de una comisión, que verifique el cumplimiento de los cumplimientos de los Acuerdos de Paz en El Salvador.
El «Colectivo Libertad» y COFAPPES presentaron en la sede la ONU en El Salvador, una solicitud para que se instale una comisión de verificación, sobre los cumplimientos de los Acuerdos de Paz, y sobre la situación de los veteranos y ex combatientes detenidos.
El Colectivo Libertad es un espacio formado por veteranos y ex combatientes del conflicto armado salvadoreño y Cofappes es el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador.
Ambas presentaron una carta a Raúl Salazar, coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, exponiendo las graves violaciones de derechos humanos contra personas inocentes o que no tienen ninguna relación con los referidos grupos criminales.
Las organizaciones expusieron que, desde hace tres años, en El Salvador está vigente un régimen de excepción que mantiene suspendidos derechos fundamentales y garantías constitucionales a toda la ciudadanía. La medida fue impulsada para combatir a las pandillas, “y es innegable que como resultado de su implementación se registra una mejora significativa en la situación de seguridad pública y una drástica reducción del accionar de las maras”, comentó.
A pesar de lo anterior, se han cometido graves violaciones de derechos humanos contra personas inocentes o que no tienen ninguna relación con los referidos grupos criminales.
Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de capturas arbitrarias, cientos de asesinatos en las cárceles y numerosos casos de torturas y otros vejámenes cometidos al interior de los centros penitenciarios. Dichos abusos también han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por instancias de la propia ONU. El colectivo recordó que el régimen de excepción también es utilizado para mantener “un clima de miedo e intimidación” hacia la población, específicamente contra aquellos que denuncian injusticias y violaciones de derechos humanos.
Estas voces críticas o disidentes del relato oficial “se les criminaliza y persigue judicialmente”, procesándoles con disposiciones del régimen y otras normativas aplicables a grupos criminales.
El colectivo dijo que dicha estrategia es “política”, que utiliza a la Fiscalía General de la República y al Órgano Judicial como “principales instrumentos de persecución” y entre sus “objetivos” están los veteranos y excombatientes.
“La descalificación, estigmatización y criminalización de este sector coincide con la narrativa gubernamental que niega o resta importancia a los Acuerdos de Paz y a todo lo que éstos significaron en materia de desmontaje del militarismo y de apertura democrática en el país”, comentaron los veteranos.
Por ejemplo, un caso de persecución contra veteranos y ex combatientes es el de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Donde son procesados Atilio Montalvo, José Melara, Alfonso Mira, Eliseo Alvarado, Wilfredo Parada, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Ismael Santos y Roberto Esquivel, detenidos el 30 de mayo de 2024 en vísperas de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, bajo la acusación de planificar «actos terroristas».
