Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La forma en que se agrede y ataca a personas que defienden derechos humanos y la libertad de expresión, que investigan y documentan, es una forma de cerrar el espacio cívico, el espacio democrático en El Salvador , y a esto hay que ponerle un alto”, dijo Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
En el Informe Trianual (2020-2022) del Registro de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos, y en el marco Regional de Monitoreo de Agresiones, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, dio a conocer las agresiones contra las defensoras de los derechos humanos y contra la libertad de expresión. Esta actividad la viene realizado la Red desde el año 2012, sobre la situación de las mujeres que defienden derechos humanos.
“Queríamos mostrar este informe trianual porque todavía se están procesando los datos de 2023, información que se presentará posteriormente. Y queríamos aprovechar el cierre del año, para compartir la identificación de una serie de patrones de agresión”, dijo Burgos.
Burgos consideró que esta situación no ha cambiado en los últimos 11 años, en el registro de agresiones a personas defensoras. Y que lejos de aminorar el número de casos el impacto de la violencia de género para defensoras, periodistas y personas sexo género disidentes ha ido en aumento, junto a la profundización de esta práctica del “discurso misógino”, que se agrava a partir de que provienen de los “funcionarios públicos” del actual gobierno.
“De hecho, estas agresiones fueron reportadas el año pasado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, del cual formamos parte compartiendo datos como Red de Defensoras, que incluye además a la APES, FESPAD y SSPAS, en donde hacemos notar que estamos en un contexto de misoginia, discursos de odio, a través del uso de estereotipos utilizados para ofender y atacar a personas que se dedican a la defensa de derechos humanos”, agregó Burgos.
Otro de los escenarios de violencia para las mujeres defensoras son las “redes sociales”, como espacio digital, en donde se generan las agresiones, gracias al anonimato, pero que habilita a otros hechos de violencia que no necesariamente se quedan en el contexto digital, sino que puede trascender al espacio físico.
“Queremos hacer un llamado de atención con nuestro informe, en donde muchas de estas agresiones se han realizado contra mujeres periodistas, y vemos que la tendencia de las agresiones de esta índole se dieron en el período de 2020 – 2022, en el marco de la pandemia (COVID-19) en 2020, y levantamiento de la cuarentena 2021”, explicó.
“Los derechos como la libertad personal y seguridad, la integridad personal, el prestigio e imagen pública y derechos a la privacidad, desde el espacio digital está generando campañas de desprestigio. Documentamos todas estas agresiones con la esperanza de justicia en el futuro”, porque no queremos que esto sea solamente recuento de daño porque esto no puede seguir pasando”, alegó Burgos.
Sobre los casos registrados en Informe Trianual, Nataly Paz, coordinadora del Registro de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos, señaló que en la compilación de casos las dividieron entre individuales y colectivas, que muestra agresiones a nivel individual con 25 casos (2020), 43 casos (2021) y para el 2022 registró 29 casos. Mientras, los casos colectivos documentó 6 (2020), 14 (2021) y 4 (2022).
“Tenemos agresiones registradas por mes entre el 2020 a 2022 , y tenemos meses en donde repuntan las agresiones como en el mes de septiembre de 2020 (29 casos); en el año 2021 tuvimos un repunte 588 agresiones, mientras que en el mes de marzo de 2022 documentamos 27 agresiones”, dijo.
“Con este registro de agresiones, en un rango de un año, se ven las agresiones, y que se deben a celebraciones de fechas conmemorativas, por actividades públicas y otras acciones en espacios colectivos, que es cuando surgen este tipo agresiones y hemos identificado en el mes de marzo, como uno de los principales”, reiteró Paz.
“Las agresiones por departamento es San Salvador, en donde hay mayores agresiones a personas defensoras de derechos humanos, sólo el 2021 hubo 200 agresiones en este departamento. Y la ocupación de las personas defensoras agredidas fueron periodistas (38%), lideresas comunitarias que hacen labor de base (9%) y sindicalistas/cooperativistas (6%), que son contextos relacionados con la pandemia (2020), al término de la cuarentena (2021) , y el régimen de excepción (2022)”, señaló Paz.
El informe señala como perpetradores de agresiones a mujeres defensoras a los funcionarios públicos nacionales, departamentales y municipales (23.8%), los usuarios desconocidos de redes sociales (20.2%) y la Policía Nacional Civil (16.7%), agregando que a las agresiones se identifica un componente de discriminación.
“El despunte de las agresiones digitales se ha mantenido durante estos tres años y permanece por los discursos de confrontación que maneja el gobierno y todo este trabajo que se hace en redes sociales encontramos mucho contenido misógino, por ser mujeres, por ser lideresas o por ser LGBT”, acotó Paz.
La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos reiteró su mensaje de “no dejar de levantar esta informacion” y documentar la realidad salvadoreña, para que distintas instancias de derechos humanos y la Comunidad Internacional, se mantengan vigilantes sobre lo que ocurre en el país. “De hecho, esta información la haremos llegar a distintas instancias internacionales hacia Relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se ha hecho un llamado reiterado que El Salvador aparezca en el capítulo 4-B, que son los informes que la CIDH presenta ante la Organización de Estados Americanos (OEA”, añadió Alejandra Burgos.
“Se necesita, también, una serie de derogaciones de ley que deben hacerse para garantizar el derecho a defender derechos. No solamente se trata de habilitar o legislar a favor de defender derechos, sino de derogar leyes que vulneran el derecho a defender derechos”, sostuvo Burgos.
Igualmente, consideró que debe existir un trabajo sostenido e importante, a fin de recuperar instituciones del Estado salvadoreño que se han desnaturalizado en los últimos cuatro años de gobierno como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). “Se debe rescatar para que vuelvan a su mandato constitucional, porque en este momento no vemos que cumpla su rol sino que, sigue un patrón como otra institución del Estado, cuando tiene su propia autonomía y con cercanía con la sociedad civil. Ese es el reto de la Comunidad Internacional a estar vigilantes que llamen a las instituciones de Estado a vigilar sobre estos hechos para que el país recupere su credibilidad” , puntualizó Burgos.