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Ciudad de Guatemala/AFP
La Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala solicitaron retirar la inmunidad a la jueza que lleva un proceso por corrupción en las aduanas, sale help al sospechar que recibió sobornos para otorgar libertad provisional a acusados del fraude.
«Estamos preocupados por la actuación que se aleja de la obligación legal que tiene la jueza», dijo en rueda de prensa la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, tras pedir a la Corte Suprema de Justicia que retire la inmunidad a la magistrada Marta Sierra, quien lleva la etapa intermedia del caso.
Los fiscales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial local, creen que Sierra llegó a acuerdos con tres de los más de veinte sindicados en el caso de corrupción para otorgarles libertad provisional.
Los sospechas se basan en conversaciones telefónicas interceptadas entre abogados y personas involucradas en la red de fraude tributario conocida como «La Línea», revelada el pasado 16 de abril por la Fiscalía y la Cicig y que se estima generó fraudes por montos millonarios aún sin precisar.
El viernes fueron detenidos tres abogados implicados en el supuesto soborno y recapturadas las tres personas que obtuvieron las medidas sustitutivas, explicó el ministro del Interior, Mauricio López.
La acusación principal sobre la operación de «La Línea» pesa en el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, considerado el cerebro de la banda y que estaría escondido en Honduras, según las autoridades.
Al destaparse el escándalo fueron detenidos Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) -ente recaudador de impuestos de Guatemala- y su antecesor Carlos Muñoz, junto a una veintena de personas, incluidos otros altos funcionarios de la entidad.
Además, la Corte Suprema de Justicia decidió el miércoles tramitar un proceso de antejuicio contra Baldetti al tener «indicios» de su vinculación con la estructura, y pidió al Congreso evaluar si es conveniente retirarle la inmunidad para que sea investigada penalmente.
Baldetti intentó detener el proceso y el jueves impugnó al Poder Judicial ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, la decisión de dar luz verde al trámite para decidir si hay lugar o no a proceder criminalmente en su contra.
Sin embargo, este viernes la corte declaró sin lugar el amparo, con lo cual Baldetti deberá acudir el lunes al Congreso como parte del trámite del antejucio.
