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Marisol Miranda
@DiarioCoLatino
Con 46 votos emitidos por los diputados de los partidos políticos de ARENA, PCN y GANA fue aprobada la modificación del inciso segundo, artículo 8 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES), debido a eso sindicatos, organizaciones y movimientos sindicales del Ministerio de Cultura manifestaron su inconformidad con la modificación que beneficia a las empresas constructoras.
Entre los sindicatos que se manifestaron están SICULTURA, SITRASEC, SITRAMEC y organizaciones sociales, ya que dicha modificación fue aprobada el pasado viernes 10 de agosto en la plenaria ordinaria y representa un peligro de destrucción para el patrimonio cultural porque los bienes culturales que no cuenten con una declaratoria de Bien Cultural puedan ser destruidos.
José Luna, representante sindical, comentó que la interpretación auténtica surge de un dictamen favorable de una comisión especial que estudia el caso Tacuscalco del sitio arqueológico en Sonsonate, donde la empresa inversiones e inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. ejecuta un proyecto para la construcción de una urbanización en la zona.
“A raíz de esto los diputados hicieron una interpretación auténtica donde limitan funciones al Ministerio de Cultura y dicho ministerio a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural solo podrá proteger los bienes culturales declarados”, dijo Luna.
Luna explicó que con esta modificación las empresas o particulares que ejerzan construcciones de terracería o inmuebles con valor cultural los podrán destruir, por eso piden al Presidente Salvador Sánchez Cerén vetar el decreto aprobado.
Para José Erquicia, representante de la Academia Salvadoreña de la Historia, con la toma de esta decisión hunden al país en la ignorancia y despojándonos de asideros históricos vitales para la construcción de una nación de futuro.
“Expresamos nuestro total desacuerdo con la modificación de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador por la Asamblea Legislativa, considerando un peligro para que se destruya libremente el patrimonio arqueológico nacional”, enfatizó Erquicia.
Además, señalaron que con esto se viola el Art.63 de la Constitución que establece que “la riqueza artística, histórica, y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes”.
