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Doloroso pero cierto. Ya lo había comprobado una investigación periodística de El Faro, que la drástica reducción de homicidios, apenas unos meses de haber asumido la presidencia Nayib Bukele, se debía a una negociación bajo la mesa con las principales bandas de delincuentes de El Salvador, es decir, la MS-13 y el Barrio 18, y no al ahora propagandizado Plan Control Territorial, de ahí que la seguridad en el país, depende de los delincuentes.
Y es que esos grupos delincuenciales elevan los homicidios de forma alarmante cuando se les antoja, sin saber a ciencia cierta, hasta hoy, por qué ese comportamiento delictivo. Lo que sí queda claro, y ya lo hemos tocado en otros editoriales, es que la autoridad no controla el territorio. Que el Plan Control Territorial es un bonito nombre para la propaganda, pues en la práctica el control del territorio, hasta este día, lo han tenido los delincuentes.
En los primeros seis meses de Gobierno, se fustigaba a los diputados de la Asamblea Anterior, porque supuestamente no le daban las herramientas para combatir la delincuencia. Esto ocurría cuando los diputados anteriores le pedían cuentas y justificar los préstamos para la seguridad. Y es que el gobierno de Bukele, también a cuenta gotas, fue presentando su plan de seguridad, tan así que más de un año después, curiosamente, terminó de definir las fases del mismo, las cuales son siete y, por cierto, a partir de este sábado, día en que ocurrieron 62 homicidios, se habló que los efectivos militares y policiales habían implementado la fase siete del plan, es decir, la etapa de la “incursión en el territorio”. Las fases, por cierto, son contradictorias hasta con el nombre del Plan, pues si hay control desde el principio, no son necesaria otras fases, como la siete.
El Gobierno del presidente Bukele ha contado con más de 600 millones de dólares para financiar las distintas fases del Plan de Seguridad, pero los resultados esperados no son tales, y es porque la no disminución de homicidios o el alza de los mismos, como ha ocurrido en las últimas 48 horas, no dependen del plan, sino del sostenimiento o el fracaso de las negociaciones con los grupos delincuenciales, es decir, con maras o pandillas.
Un diputado de Nuevas Ideas se preguntaba ¿qué está pasando?, ¿quién está originando esto?, ¿quién está dando esa orden?, etc. Pero las preguntas no son esas. Las preguntas deben ser ¿Por qué no es efectivo el Plan Control Territorial? ¿Por qué los grupos delincuenciales suben o disminuyen los homicidios cuando se les antoja? ¿Qué habrá fallado en el pacto entre el gobierno y los grupos delincuenciales? Obviamente esas preguntas no las hará, porque quien tiene que responder es el propio presidente Bukele y su gabinete de seguridad, pero no lo harán. Primero porque seguirán negando las negociaciones con las pandillas y, dos, porque tienen aún la capacidad de manipulación de la población, que cree que la disminución de los homicidios se logró por arte de magia, gracias al Plan Control Territorial.
Y dado que no puede responder a preguntas serias, el gobierno de Bukele se decantó por una medida peligrosa, la declaración del Estado de Excepción, el cual servirá, además, para demostrar que tiene el control, y que la gente siga confiando en su gobierno, pero la medida, lo único que demuestra es que el Plan Control Territorial no ha servido para nada, pues todo lo logrado hasta hoy ha sido producto de un pacto, que a lo mejor se rompió tras los incidentes del viernes y el sábado, con el alza de homicidios, o, a lo mejor, van a negociar nuevas “condiciones”.
Lo que no deben olvidar los salvadoreños es que el Estado de Excepción les ha eliminado: la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
La pregunta es si estas medidas podrán ser efectivas contra los grupos delincuenciales. Solo el tiempo lo diré.
