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Orlando de Sola W.
De la antigua Roma heredamos la consulta popular, que se hace antes o después de las medidas publicas dudosas. No se trata de una encuesta para medir la opinión pública, sino de prevenir y corregir los errores de nuestros representantes electos y nombrados.
El voto ha sido convertido en una engañosa delegación de poder a quienes no se lo merecen, haciendo de la democracia representativa una insaciable oligarquía. Hay, sin embargo, maneras de ejercer el voto que no implican tanta delegación de facultades y poder, como el plebiscito y el referendo.
Nuestros dirigentes políticos se oponen, como lo hicieron los patricios romanos, pero el plebiscito y el referendo siguen siendo importantes. El primero viene de plebe y se lleva a cabo antes de la medida cuestionada, mientras que el segundo es una refrenda, o revocación de la medida.
La consulta popular sucede a diario en el mercado, donde nuestras decisiones sobre comprar o vender bienes y servicios se basan en información contenida en los precios, cuando estos no han sido alterados por la fuerza, el fraude, o el engaño. Cuando sucede así, los precios no reflejan la abundancia o escasez de bienes y servicios en el mercado, sino las maniobras de monopolios y oligopolios que tratamos de corregir desde el estado, procurando que los precios reflejen la oferta y la demanda, es decir las posibilidades y necesidades.
Los oligopolios son carteles de pocos vendedores, por lo que pueden forzar precios hacia arriba al manipular la oferta. Los monopolios implican un solo vendedor, que puede ser el estado, su gobierno, o las organizaciones que este protege. Los oligopolios pueden actuar como monopolio, cuando los vendedores se ponen de acuerdo para elevar precios. El resultado es el mismo, porque los consumidores quedamos sin opciones, convirtiéndonos en víctimas de uno, o pocos proveedores de bienes y servicios, que en muchos casos es el estado.
Las actitudes monopólicas son una tendencia natural entre vendedores, que prefieren ser únicos en el mercado, causando daño a los consumidores. Por ello procuramos, desde el estado, promover la competencia donde sea posible, porque en algunos casos no lo es, como en los servicios públicos de gran envergadura y las grandes obras de infraestructura. Ciertos servicios públicos esenciales, como seguridad y justicia, no admiten competencia, por lo que se llaman monopolios naturales.
No podemos pretender que el estado nos de “techo, mesa y lecho”, como en familia, porque esos temas son de organismos intermedios que cumplen el principio de subsidiariedad, dejando al estado lo que no pueda el mercado. Además, hay necesidades emotivas, o sentimentales, que el estado no puede satisfacer, por mas que trate de garantizar seguridad y confianza.
Hay aspirantes a dirigente político se presentan como confiables, aunque no lo sean, igual que algunos líderes empresariales, que no representan la posibilidad de satisfacer deseos y necesidades, sino la exageración con publicidad de lo que no pueden, igual que los demagogos hacen con propaganda.
La consulta popular es necesaria en el estado y el mercado, es decir en la política y la economía, porque los precios son relativamente confiables, pero la voluntad de la gente, expresada en el voto, es fácil de engañar. Por eso la necesidad del Plebiscito y el Referendo, que previenen y corrigen errores de nuestros representantes y legisladores, despistados por no buscar el bien común.
La Constitución de D’Aubuisson permite la consulta popular municipal para fomentar la integración humana, social, económica y cultural. Eso es bueno, pero hay que saberla utilizar.
Hay 262 municipios en El Salvador, pero todos se comportan como dependencias del gobierno central, a pesar que en ellos reside el poder de la gente, adormecida con propaganda y agobiada por la falta de seguridad, salud y educación. Es allí donde debemos enfocar nuestro esfuerzo para corregir el rumbo equivocado que sofistas y demagogos le han impuesto al estado nacional.
La política no es una piñata para que aves de rapiña se peleen por el botín del estado, también codiciado por carroñeros en el mercado.
Necesitamos devolver a los municipios su autonomía financiera, sus facultades y competencias, para que la cosa pública vuelva a funcionar, con un estado fuerte, sincero y descentralizado.
