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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Como en los tiempos de las dictaduras en El Salvador, agentes de seguridad han desplegado un fuerte dispositivo en las instalaciones del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda para amenazar a los vigilantes de partidos de oposición que denuncian las irregularidades en el escrutinio final legislativo. La PNC les prohibió documentar el proceso de escrutinio y de lo contrario, podrían ser detenidos.
Esto sucedió cuando las mesas de escrutinio contaban los votos por el departamento de La Libertad, el cual, da 7 diputaciones. Los agentes de la Policía Nacional Civil se adueñaron de las instalaciones; cuando un vigilante opositor denuncia irregularidades del conteo, estos hacían presencia para tratar de intimidar y evitar que documentara.
“En el conteo de La Libertad, vigilantes nuestros han sido amenazados con ser detenidos por agentes de la PNC si toman fotos o video del proceso de conteo. Además, todo el salón ha sido rodeado por agentes policiales”, denunció el presidente de Nuestro Tiempo, Andy Failer.
La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, también denunció amenazas por parte de la FGR y el director propietario de JVE Geovanny González, de Nuevas Ideas, quienes pidieron que la PNC ingresara al salón de escrutinio “solo porque no quieren que saquen los teléfonos y se graben las anomalías”.
Una de las vigilantes de ese instituto político, Wendy Alfaro, fue retirada del escrutinio luego de denunciar en redes sociales las anomalías. “Me mandaron a sacar solo por estar documentando un proceso aparentemente fraudulento”. Todo esto, bajo los ojos del organismo colegiado que ha actuado con hermetismo.
Al respecto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, en una entrevista para Radio YSKL, dijo que la noche del jueves se produjo “una especie de incursión de la policía”.
“Todavía ayer en la noche (jueves), alrededor de las 11 o 12 de la noche, le pedí explicaciones a la presidenta (Dora Esmeralda Martínez), porque esa no es una decisión del organismo colegiado, me parece que es una decisión nuevamente equivocada”, comentó Olivo.
“Yo debo decir que no es responsabilidad de la misma Policía Nacional Civil, sino que más bien, de alguna autoridad, que a veces, se toma la atribución a nivel particular de decidir cosas sin que el organismo colegiado la haya autorizado”, agregó el funcionario.
Sobre la respuesta de la presidenta Martinez hacia Olivo o si el organismo colegiado había solicitado tal dispositivo; el magistrado Olivo dijo que él en su momento fue presidente del TSE, y “sabemos algunos componentes y elementos que puede reunir un plan de seguridad en materia electoral, sobre todo, se despliegan la mayoría de elementos el día de la elección y el Código Electoral establece que la presidenta del tribunal o el presidente, quien ejerce esa función, va a estar al mando del plan de seguridad y va a poder llamar a los cuerpos de seguridad, van a estar bajo su mando y disponer de ellos, pero en la medida de corregir situaciones o garantizar también la seguridad del ejercicio del sufragio de la población”.
Sin embargo, dijo “el día de ayer, ya no se justifica porque no estamos en el día de la elección (…), estamos hablando de un ejercicio democrático ya interno, el escrutinio final lo desarrolla precisamente el Tribunal Supremo Electoral y estamos en unas instalaciones del Gobierno y el proceso marcha normalmente, mi lucha ha sido por garantizar condiciones de equidad dentro del proceso electoral y dentro del escrutinio”.
