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@BeatrizCoLatino
La subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer que la institución coordina esfuerzos de búsqueda del ex presidente Francisco Flores, buy viagra con las autoridades de Panamá y otros países.
Desde ayer, el ex mandatario aparece en el portal de la Organización Internacional de Policía Criminal- Interpol como uno de los más buscados, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.
El subdirector de investigaciones, Héctor Mendoza Cordero, explicó que tras la difusión roja, se tiene luz verde para verificar la información y las sospechas de que el ex mandatario esté en Panamá.
Incluso, reveló que con Panamá se tiene una comunicación fluida y se está llamando “cada hora y media hora” con las autoridades de esa nación, para intercambiar información que se origina en El Salvador y que ellos la puedan verificar.
“Hay una búsqueda bastante fuete en ese país”, sostuvo. Según las autoridades salvadoreñas Flores pudo salir con rumbo a Panamá por la vía marítima o en un vuelo privado.
Sin embargo, al indagar la PNC, encontró que Flores “no tiene cuentas bancarias, ni bienes, ni licencia en Panamá”.
También, el reporte migratorio en poder de la PNC, revela que Flores tiene constantes ingresos a Panamá desde el 2007 hasta julio de 2013.
“Si él estuviese en Panamá estaría en calidad de ilegal y ese sería el procedimiento a seguir”, explicó.
En este caso, Flores sería retenido de ser ubicado en Panamá, hasta que las autoridades salvadoreñas puedan llegar y detenerlo.
El martes, el Tribunal Primero de Paz de San Salvador emitió orden de captura en contra del ex mandatario, al no presentarse a la celebración de la audiencia inicial ventilada en su contra por delitos de corrupción.
Con la decisión judicial, es la PNC la que activa su sistema para cumplir con la orden judicial.
El subdirector policial fue escueto en revelar más detalles del proceso de investigación en otros países dónde podría estar el ex mandatario, para no entorpecerlos. Explicó que la difusión roja fue una decisión de las autoridades y de la misma cede de Interpol en Francia, al considerar que no es caso político y por la magnitud de los delitos, es decir, se habla de casos de corrupción.
La PNC podría proceder a Flores por dos vías: por estar de manera ilegal o por extradición. La más fácil es la ilegal, porque se detiene y migración lo pone a disposición de la Interpol y al país que lo requiere; la extradición tarda más porque se tiene que solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin orden de allanamiento
Las autoridades todavía no deciden si pedirán el allanamiento de las propiedades del ex presidente Flores.
El subdirector policial aseguró que no es sólo una decisión de la PNC, sino de la fiscalía.
“Para hacer los allanamientos se necesita un trámite y se está valorando si es necesario o no es necesario, pero no solo depende de nosotros”, explicó.
Fuentes policiales manifestaron a Diario Co Latino que no se explican porqué la Fiscalía no ha girado las peticiones u órdenes de allanamiento en las propiedades del expresidente Flores.
Flores fue acusado de delitos de corrupción, luego que se emitiera un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Según el ROS, el ex mandatario recibió, durante los últimos meses de su gestión, de forma directa e irregular, cheques por unos 10 millones de dólares, en calidad de donación por la República de China Taiwán.
Es de destacar que el encargado de hacer la denuncia pública fue el Presidente de la República, auricio Funes, quien recientemente manifestó que de no haber hecho pública la existencia del reporte que contiene la información sobre los movimientos bancarios sospechosos realizados por el ex presidente Flores, el caso de los millonarios fondos enviados por Taiwán nunca hubiese llegado a ser judicializado.
Luego de las investigaciones, la Fiscalía acusó al ex funcionario por el enriquecimiento de 15 millones de dólares en su gestión.
De acuerdo a las investigaciones el ex mandatario desvió ese dinero y con ello se impidió que se ejecutaran proyectos para los afectados del terremoto de 2001 y otros proyectos sociales. Aunque, según la Comisión legislativa que investiga el caso, lo defraudado al estado podría rondar los $85 millones.
