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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Una de las instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz es al Policía Nacional Civil, seek cuya ley orgánica y doctrina fueron preparadas con participación de COPAZ, doctor especialistas de diferentes países dentro de la Misión de Naciones Unidas encargada de acompañar el cumplimiento de lo pactado. Creció en medio de dudas y críticas de quienes añoraban y todavía añoran la existencia de los viejos cuerpos de seguridad que la dictadura militar formó para reprimir la lucha del pueblo y curiosamente es en el marco del recrudecimiento de la violencia criminal que abate a nuestra patria y a Centroamérica, que se fortalece la imagen y las propias capacidades de la institución.
La misión de la PNC es la de brindar seguridad y perseguir el delito, algo para lo cual la articulación con la Fiscalía General de la República y el órgano judicial son imprescindibles, pero además es infaltable la comprensión del fenómeno de inseguridad sobre lo cual propios y extraños coinciden en que es multicausal; en consecuencia además de la PNC se requiere de políticas integrales e integradoras que además de encarar la persecución del delito tengan la virtud de atacar las causas de fondo de la violencia. El gobierno desde 2009, ha actuado de modo de fortalecer tanto a la Fuerza Armada como a la PNC; su articulación en los últimos años y los resultados en el combate a la delincuencia les han colocado como objetivo en el ataque delincuencial; esto merece condena, y además ha merecido acciones que buscan fortalecer a la PNC. El gobierno presidido por Salvador Sánchez Ceren, ha creado un fideicomiso y programas orientados a proteger a la familia de los agentes de la PNC y de la FFAA que han fallecido en el cumplimiento del deber; ha dado pasos para dotar de equipos y resolver las condiciones inadecuadas en los establecimientos policiales y antes también de los militares.
En 2015, el gobierno invirtió cuantiosos recursos para compensar económicamente al personal policial, en medio de la resistencia del partido ARENA, de algunos dirigentes de gremiales empresariales. Gracias al apoyo de diputados del FMLN, PDC, PCN y GANA, se establecieron dos contribuciones especiales para financiar el Plan de seguridad.
Esas contribuciones especiales las han de pagar los empresarios que tengan utilidades superiores a medio millón de dólares anuales y la otra la pagamos todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
No obstante que las necesidades de financiamiento del Plan El Salvador Seguro contempla distintas áreas como prevención, rehabilitación, atención a víctimas y otros; el Presidente anunció desde Cojutepeque el fin del año pasado, que con los ingresos que el Estado perciba de las contribuciones pedirá apoyo para otorgar bonos trimestrales a la PNC y miembros de la FFAA, involucrados en tareas de seguridad y personal penitenciario.
Nunca un gobierno se preocupó tanto en fortalecer la institucionalidad policial como lo han hecho los presidentes Funes y Sánchez Ceren; en su profesionalización, en la protección de su desempeño y en mejorar las condiciones salariales. Jamás olvidaremos que fue el ex Ministro Manuel Melgar quien estableció como primera prestación un bono para alimentación a todos los agentes sin discriminación.
La PNC es un cuerpo profesional, su prestigio se defiende incluso con las sanciones a aquellos que, estando en la institución, se han apartado de su mandato y de sus facultades.
El rol de la inspectoría es algo que se ha fortalecido, su formación académica igualmente; pero pareciera que algunos elementos atienden los mensajes sediciosos que políticos de derecha expresan abiertamente en medios de comunicación y se empeñan en empañar la imagen de la institución y promover preocupación sobre su rol en la seguridad. La marcha de algunos elementos hacia Casa Presidencial la semana pasada, acompañada de otros grupos interesados en la desestabilización del país, uno la puede entender como un recurso que busca desprestigiar a la PNC.
Es deseable que las cosas se aclaren dentro de la PNC, que la expectativa de mejora que puede verse como algo justo y legítimo, comprendido y prometido por el Presidente de la República y sujeto a los ingresos que se obtengan, no sea aprovechada por quienes se oponen a crear condiciones financieras que indudablemente permitirían avanzar más rápidamente, no solo a la PNC sino a otras instituciones de servicio al pueblo salvadoreño.
Igual que en otros campos, que la acción manipulada de unos pocos no roben la confianza en una PNC que se fortalece, que sirve a la sociedad y que es plenamente apoyada por sus autoridades en el marco de una realidad política y fiscal, y en la que grupos de poder económico intentan frenar el avance del país.
