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La Policía Nacional Civil reitera que la institución está abierta a colaborar con cualquier instancia que investigue un hecho en el que se sospeche que pueda haber una situación irregular de parte de los miembros de la institución.
Joaquín Salazar
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
“ No estamos, como institución, en disposición de encubrir o tolerar actos de este tipo, porque esa no es la línea institucional para el abordaje de la violencia e inseguridad”, dijo el director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto ante la llegada de Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.
El director de la PNC reiteró que la corporación policial está en la disposición de apoyar cualquier tipo de investigación que se realice dentro de la corporación policial, sin embargo, aclaró “no registramos hechos en los cuales esté demostrado el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales”.
“Si existen procesos que nosotros mismos hemos investigado, pero que el Órgano Judicial debe de establecerlo. La Fiscalía debe de investigarlo, establecerlo, confirmarlo o descartarlo, pero eso hasta hoy no ha sucedido. Somos los primeros interesados en que esto suceda”, explicó luego de ser cuestionado por la llegada de la relatora especial y las denuncias de diversas organizaciones sociales.
Y es que entidades como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista, Fundación CRISTOSAL y el colectivo COMCAVIS TRANS, presentaron ayer una serie de datos del informe sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, el que será entregado a la relatora especial de la ONU que estará en el país hasta el cinco de febrero.
Este informe, dijo Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, destaca que han sucedido más de mil 600 enfrentamientos entre policías, militares y civiles, en los que han fallecido más de mil 400 personas y más de 440 han resultado lesionadas, cuando constitucionalmente, el uso de la fuerza letal debería ser el último recurso a utilizar.
Según las organizaciones se reportaron en junio de 2017 seis fallecidos por cada herido en combate. En este tema, el director Cotto afirmó que solo durante el año 2017 se registraron más de 500 casos de ataques armados entre pandillas y elementos policiales. Todos han sido investigados.
“Nosotros estamos en la disposición de hacerlo, desde ningún punto de vista nosotros creemos que cometiendo actos irregulares o ejecuciones extrajudiciales se soluciona el problema de la criminalidad”, afirmó.
Asimismo, el informe de las organizaciones consigna que debe contemplarse el número de muertes de personas en circunstancias de detención y privación de libertad, el cual superó las 250 solo en 2017. “Las reformas al Código Penal están creando un patrón que permite mantener en la impunidad algunos casos de ejecuciones extrajudiciales. Esas reformas permiten a los jueces dar sobreseimiento definitivo a un policía o un militar, basándose en un reporte dado por el jefe inmediato, que consigna que así sucedió”, sostuvo Reyna.
Cristian Schlick, abogado del IDHUCA, criticó que la Fiscalía General de la República no imputa cargos por asesinato a elementos policiales o militares bajo el argumento de la legítima defensa desde 2014.
“Esto no lo tenemos el resto de ciudadanos que pueden verse implicados en un delito como este, cualquier ciudadano debe pasar por un complejo proceso judicial para demostrar que se actuó en legítima defensa”, expresó el abogado.
