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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El exjefe del GRP fue sobreseído por el delito de incumplimiento de deberes. Nueve de los 13 imputados en el asesinato de la agente policial Carla Ayala, fueron condenados por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer de San Salvador, cuyas condenas oscilan entre tres meses hasta ocho años de prisión.
En su resolución, el Juzgado especializado sobreseyó al exjefe del GRP, subcomisionado Julio César Flores, quien estaba acusado de incumplimiento de deberes. El sobreseimiento se debió a que se logró comprobar que él dio la orden para que arrestaran a Juan Josué Castillo Arévalo, principal sospechoso de la muerte de la agente Ayala.
De igual manera, fue absuelto de todo cargo, por falta de evidencia, Edwin Isaac Castillo Arévalo, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Chávez.
Por su parte, los condenados fueron: Pedro Antonio Estrada Villalobos, quién fue condenado a ocho años de cárcel y una responsabilidad civil de tres mil dólares.
Asimismo, Ovidio Antonio Pacheco Morales, a siete años de cárcel y tres mil dólares de responsabilidad civil.
También, Wilfredo Deras Hernández, condenado a siete años y tres mil dólares. Juan Antonio Linares Flores, a 4 años y $1,500. Josué Antonio Pérez Pineda, a 4 años y $1,500. Alex Obdulo López Martínez a 4 años de prisión y $1,500. Edgar Alfonso Chavarría Castillo, a tres años y mil dólares; y José Atilio Jiménez Castillo, a seis meses y 2 mil dólares. En total, los ahora condenados deberán cancelar una responsabilidad civil de $14,500 dólares.
En cuanto a la Policía Nacional Civil, como entidad, fue condenada al pago de $10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de la familia de la víctima. Además, La PNC debe garantizar ayuda psicológica para la familia de Carla Ayala, a proporcionarles becas de estudio a los dos hijos sobrevivientes y a brindarles una computadora a cada uno para que la puedan utilizar en sus estudios.
“El fallo confirma que los días 28 y 29 diciembre del 2017 importó todo, menos la vida de Carla y que los miembros del GRP no quisieron capturar a Samurai. La PNC queda obligada a reparar el daño moral a la familia. El caso de Carla es un ejemplo de la violencia que sufren las agentes policiales dentro de la corporación. No es un caso aislado ni un evento esporádico. Estamos ante una situación de violencia institucional”, sostuvo Arnau Baulenas, abogado querellante en el proceso judicial, quién además, agregó que el Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas debe pedir perdón por los hechos.
El asesinato de Carla Ayala ocurrió el 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta navideña en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP). Pero, el cadáver fue hallado en septiembre de 2018 enterrado en el cantón Los Hornos, de San Francisco Javier, Usulután. El principal sospechoso del asesinato de Carla Ayala aún no ha sido capturado.
