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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Como en los tiempos de las dictaduras militares, así se catalogó la acción de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerzas Armadas quienes impidieron que el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) siguiera su marcha para denunciar las violaciones a derechos humanos y las capturas arbitrarias durante el régimen de excepción.
El impedimento de seguir transitando por las calles sucedió sobre el bulevar Los Héroes, antes de llegar al hotel donde se hospedaron las candidatas a la corona de Miss Universo 2023, esto para evitar que los protestantes pasaran por dicho lugar, a pesar de ser una protesta pacífica.
La marcha salió del Monumento a la Constitución, donde cientos de familiares de las víctimas del régimen pidieron la liberación de sus seres queridos. Entre las docenas de personas, hay madres, hermanas, esposas, amigos que alzan la voz por sus detenidos injustamente.
Esta marcha se dio previo a la gala final de Miss Universo, un evento que el coordinador de MOVIR cataloga como «un show» para evitar los temas más sensibles del país, como la violación a los derechos humanos en El Salvador.
El coordinador de MOVIR, Samuel Ramírez, dijo que “no es posible que El Salvador se luzca de ser un país seguro, en paz, de sonrisa y de belleza mientras que las víctimas (del régimen) están sufriendo, son miles de personas que están preocupadas porque no saben qué pasa con sus familiares detenidos que están privados de libertad después 20 meses”.
Ramírez planteó que las familias no conocen de la situación de sus detenidos, no saben si están vivos o muertos, ya que se ha demostrado que dentro de las cárceles han fallecido decenas de personas que nada tenían que ver con pandillas. “Lo que queremos decirle ahora, al mundo, es que no es cierto que El Salvador es un país de paz, felicidad o de fiesta; aquí hay mucha angustia en un gran sector de la población y no es muy poco”, agregó Ramírez.
“El Salvador vive una situación muy difícil, mientras un gobierno despilfarra los recursos en espectáculos”, añadió Samuel Ramírez, en referencia al desarrollo de Miss Universo 2023. “Un país tan pobre como El Salvador no puede administrar y financiar una cuestión como esa, están dejando de hacer obras para las comunidades”, subrayó.
Según la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, y ex miss El Salvador, el país gasto 60 millones en la infraestructura para el desarrollo del evento, también se ha conocido que el Gobierno de Nayib Bukele pagó $12 millones para que se realizara el concurso en el país.
Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, recordó que ya son 20 meses los que El Salvador está bajo régimen de excepción, donde han fallecido 207 personas que no tenían vínculos con pandillas, pero que el Estado decidió mantenerlos encerrados.
“Cómo creen que se sienten las madres sin saber absolutamente nada de sus hijos por 20 meses, eso tiene un nombre y es un delito internacional es -Desaparición Forzada de corta duración-; cuándo se van a dar cuenta a dónde están sus hijos, ¿hasta que ya salen en una caja?, ¿hasta que le digan que han fallecido? ¿que están en una fosa común o en la morgue de Medicina Legal?, cuestionó Ingrid Escobar.
La acción de las autoridades dejó entrever que existe una fuerza represiva dispuesta a actuar para aquellas voces disidentes del Gobierno; muchos sectores la catalogaron como acciones de la época más oscura del país, de las dictaduras militares, donde la represión a las voces disidentes era casi a diario. Un ejemplo de ello, en 1975, cuando se desarrolló la 24 edición de Miss Universo en San Salvador y el presidente de ese entonces, el coronel Arturo Armando Molina reprimía a las voces populares.
El MOVIR pidió la liberación de sus detenidos injustamente, también pide la eliminación de la herramienta, ya que se puede combatir a las pandillas sin necesidad de suspender y violentar los derechos humanos de personas inocentes. El régimen de excepción se aprobó el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios, tras romperse el pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas.
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