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Ciudad de Guatemala/AFP
El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) instó a Guatemala a retomar los Acuerdos de Paz que en 1996 pusieron fin a 36 años de guerra para combatir la desigualdad, la pobreza y la conflictividad.
Este año los Acuerdos de Paz «cumplen 20 años y con el tiempo ha aumentado su vigencia, porque abordan problemas estructurales que persisten», dijo el director del PNUD en Guatemala, el chileno Igor Garafulic, al presentar el informe sobre desarrollo humano sobre el país.
Garafulic consideró que los compromisos plantearon «una ambiciosa ruta para lograr mejoras sustantivas en el desarrollo humano, pero su impulso fue insuficiente y los pocos logros alcanzados ahora están en riesgo».
Guatemala y la exguerrilla izquierdista firmaron el 29 de diciembre de 1996 los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una guerra de 36 años que dejó 200.000 muertos o desaparecidos.
El coordinador del informe, el guatemalteco Gustavo Arriola, lamentó que en estas dos últimas décadas los procesos para fortalecer la democracia han degradado la función pública y debilitado más al Estado.
Esta situación deja al Estado «vulnerable a la corrupción, cooptación, influencias sectoriales y mercantilización de las funciones estatales no privatizadas», agregó.
Para Arriola, la situación se complica debido al incremento de la brecha entre ricos y pobres, la conflictividad por los recursos naturales y la poca inversión pública en servicios esenciales como salud y educación.
«El país ha priorizado la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de Producto Interno Bruto» con políticas «excluyentes que contribuyen al malestar social».
Arriola afirmó que Guatemala es el país con la mejor estabilidad económica en Latinoamérica, pero el 60% de los 16,2 millones de la población vive en pobreza.
«El desarrollo económico no se traduce automáticamente en un mayor desarrollo humano», afirmó.
Además, refutó la baja carga tributaria pues apenas alcanza el 10% del PIB, lo cual contribuye a una inversión pública del 6%, cuando el promedio en Latinoamérica es del 18%.
Aunado a ello, la conflictividad histórica por la tierra se ha agudizado por el rechazo a proyectos mineros e hidroeléctricos en poblados indígenas pobres.
El académico también consideró que la crisis política ocurrida el año pasado cuando renunció el encarcelado expresidente, Otto Pérez, por su vinculación en una red de defraudación aduanera abre una puerta para combatir la desigualdad económica.
A criterio de Arriola, las cúpulas de poder económico y político que tienen capturado al Estado deberían de «transformarse a partir de lo ocurrido en 2015» para lograr un país con mejor desarrollo humano.
