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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Miguel Rivera, de ADES “Santa Marta”, a nueve años de los asesinatos de su hermano Marcelo, Dora Sorto (con ocho meses de embarazo) y Ramiro Rivera, víctimas del conflicto minero, planteó la necesidad que se trabaje a nivel gubernamental para resarcir social y económicamente a los pobladores del municipio de San Isidro, Cabañas.
“Como habitante de Cabañas y como familiar de una de las víctimas y de la comunidad, queremos recordar el esfuerzo que se hizo por la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, nos preocupa la posibilidad de una derecha privatizadora en las tomas de decisión, pero como comunidades estaremos vigilantes”, manifestó.
El próximo sábado 15 de diciembre, diversas comunidades rendirán homenaje a la memoria de los ambientalistas asesinados durante el año 2009, en la incursión de la empresa minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold en el país. La conmemoración tendrá lugar en la comunidad La Maraña, Ilobasco, Cabañas.
“Vamos a recordar y reconstruir la historia y las vivencias de los que participamos en ese proceso, y también evidenciar aquellas afectaciones a la población que no han sido tomadas en cuenta, y esperamos como organizaciones construir un documento que conlleve nuestras propuestas de resarcimiento para la zona del proyecto minero El Dorado y Santa Rita”, explicó Rivera.
La idea de las comunidades y ambientalistas es promover, ante los tomadores de decisión, la necesidad de retomar el tema del resarcimiento porque tiene a la base la resistencia, como pueblo, ante la embestida de la minera Pacific Rim que contaminó caudales y pozos de agua, en una incursión exploratoria hace nueve años y que culminó con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país.
“Es la misma historia de cambiar espejitos por oro. Si no recordamos la historia estamos condenados a volverla a repetir y la idea es no olvidar. Estamos en el proceso de una Ruta de Memoria Histórica, que rescate el recorrido de la lucha contra la minería en el municipio de San Isidro y también pensamos que la expropiedad de la minera que están vendiendo bien puede convertirse en un hospital o universidad para la población, como resarcimiento social”, consideró.
