Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“¿Y nuestros derechos para cuándo?”, cuestionó una de las representantes de la población con múltiples discapacidades que integran la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el marco de la conmemoración del Décimo Quinto Aniversario de la entrada en vigor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Sistema de Naciones Unidas (ONU).
Con una marcha que enarbolaba mensajes como “Nada para Nosotros sin Nosotros” o “Menos exclusión y más Inclusión”, las personas con discapacidad de la Asociación Los Angelitos, manifestaron su “preocupación” por la constantes prórrogas emitidas por la Asamblea Legislativa a petición del órgano Ejecutivo, sobre los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales de la población con múltiples discapacidades.
La última prórroga aprobada fue el de diciembre de 2022, a petición del órgano Ejecutivo y presentadas por el ministro de Gobernación, Carlos Bidegaín. Según, registros de la UNICEF, las personas con discapacidad rondan los 463 mil 075 de los cuales, 119 mil 944 se encuentran en la niñez y adolescencia y los adultos son 343 mil 131 para el año 2022.
Telma Yamilet Jiménez, integrante de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (AMUSES), señaló que el retraso de la formulación del reglamento para operativiar la Ley Especial para Personas con Discapacidad y la creación del Tribunal sancionador, era un “estancamiento a todas las personas con discapacidad” además de considerar que coarta la garantía de los derechos de esta población.
“Para mí es una falta del gobierno que esto no avance -recordemos- ellos son el Estado y son los que tienen que velar por los derechos de su población, incluso, la misma ley lo establece. Es esa ley que nos representa a todos y todas, y es una falta del gobierno porque no quiere involucrarse”, afirmó.
“Recordemos que cada artículo de la Ley Especial para Personas con Discapacidad, está en función de muchas necesidades que tenemos como empleo, salud y educación, y otras, que conforman un marco de igualdad porque siempre he dicho que antes de tener una discapacidad somos personas y somos competentes”, reiteró Jiménez.
Sobre el capítulo 18 de la creación del Tribunal Sancionador, está referido a las Infracciones, Sanciones y Procedimientos, a fin de garantizar los derechos de las personas en condición vulnerable. Y que estas constantes prórrogas del Ejecutivo que son apoyadas por la Asamblea Legislativa, se esté transformando en una “vulneración permanente”, lo que consideraron en su manifiesto que la “inactividad e ineficiencia del Estado” daña la dignidad de estas personas.
Mauricio Villanueva, de la Asociación de Personas Ciegas y Discapacidades Múltiples (ASDINCI), citando el artículo 1 de la Ley Especial de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reseña que el contenido de esta disposición legal establece que el Estado salvadoreño debe garantizar la eliminación de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, y eso ya fue ratificado y aprobado.
“Realizamos la marcha primero, para conmemorar la entrada en vigencia de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo. Y luego, estamos también exigiendo como organizaciones que pertenecemos la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el cumplimiento de la ley que garantiza nuestros derechos”, explicó.
“Le agradecemos al presidente (Nayib Bukele) reformar la ley, que sancionó en algún momento, pero nos debe aún un reglamento para que esta ley funcione de una manera efectiva, esa es una deuda de gobierno. Y lo otro, es la creación del Tribunal Sancionador que es una herramienta para denunciar a aquellas instituciones de gobierno o privadas, por el irrespeto a los derechos humanos de nuestra población”, indicó Villanueva.
Jiménez hizo hincapié que el motivo principal de la marcha era un llamado colectivo para exigirle al presidente Nayib Bukele y a los diputados de la Asamblea Legislativa del partido oficial (NI) , a dejar de prorrogar la creación del Tribunal Sancionador, que lleva tres prórrogas consecutivas, solicitadas por ministro de Gobernación, Carlos Bidegaín .
“Nosotros ya no queremos una cuarta o quinta prórroga porque necesitamos de esa herramienta y para que funcione también la ley que reconoce nuestros derechos de la manera que tiene funcionar como marco legal y para que nosotros podamos utilizarlo”, añadió.
“Le pedimos al presidente Nayib Bukele, que haga lo necesario y comiencen a redactar el Reglamento que operativiza la Ley Especial de Inclusión y también,-para hacerle ver – sobre el tribunal sancionador que este instrumento legal no podrá elaborarse si no somos incluidos en el proceso de creación del mecanismo”, sostuvo Villanueva. Las organizaciones que integran la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, reiteraron un llamado a la reflexión y a retomar los acuerdos ratificados por el Estado de El Salvador, en el marco de la Convención sobre de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y lo más importante el reconocimiento a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
