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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Pobladores de Asunción Mita, de la jurisdicción de Jutiapa, Guatemala, junto a organizaciones sociales, se unió para denunciar el intento de revertir los resultados de la Consulta Municipal para el cierre del proyecto minero “Cerro Blanco”, debido al impacto que tendría contra el medio ambiente, la salud y la vida de los miteños y salvadoreños que comparten fronteras con el vecino país.
La Comisión Laudato Si, Colectivo Ecologista Madre Selva, AMAES, Convergencia Nacional Resistencia, REMAN, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Movimiento Ecofeminista de El Salvador, ACAFREMIN REVERDES, Foro del Agua y RedCAT reiteraron, en un comunicado colectivo, su rechazo a la violación de los derechos constitucionales de la población miteca.
El domingo 18 de septiembre de 2022, las aldeas de la población de Asunción Mita salieron a votar en una Consulta Municipal de Vecinos, si estaban de acuerdo o no con la activación del Proyecto Minero Cerro Blanco. De esa participación comunitaria los resultados fueron 7 mil 481 personas que votaron por el “NO”, frente a 904 votos por el “SI”, proceso, que está respaldada por el Código Municipal vigente.
“Los funcionarios que han sido electos en las votaciones, son depositarios de una cuota temporal y, limitada del poder soberano. Cuando deben tomar decisiones que, por su trascendencia, excede su mandato, deber someterlas a consulta para que el Pueblo , como titular del poder soberano , las apruebe o impruebe”, señalaron.
Las organizaciones indicaron que el proceso de consulta desarrollado cumplió con los requerimientos legales del Código Municipal, para “ejercer el poder soberano del pueblo- que se enmarca en la libre determinación de estos derechos, por lo que rechazaban el papel de la Corte de Constitucionalidad (CC), de tratar de “ignorar el carácter vinculante” de este ejercicio ciudadano, así como vedar los canales democráticos de la participación social.
“Ha sido notificada y publicada la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, donde emite un fallo favorable a la acción de inconstitucionalidad parcial interpuesta por la empresa Elevar Resources, en contra de tres artículos de una propuesta de reglamento declarándose nulos y expulsándolos del Acta 04-2022”, dice el comunicado.
“Expulsó esos artículos de un borrador de reglamento que nunca nació a la vida jurídica ni fue aprobado ni reformado por el Honorable Concejo Municipal, por tanto, no fue el reglamento que rige y norma el proceso de consulta realizado el 18 de septiembre de 2022”, alega.
En torno a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el colectivo de organizaciones sociales manifestó que en consecuencia esta sentencia rige a partir de 26 de septiembre de 2022, que son 8 días después del ejercicio de libre determinación expresado en la Consulta Municipal de Vecinos, por lo que consideran que el dictamen “no afecta ni inválida”, los resultados de la votación.
“La violación de nuestros derechos constitucionales, pretendiendo la utilización de recursos legales, amparos e inconstitucionalidades para deslegitimar nuestra consulta legalmente establecida, realizada y amparada en el Código Municipal vigente”, argumenta el colectivo.
“Denunciamos la mala fe y prevaricación del juez Rubén Montepeque al frente del juzgado de Primera Instancia Pluripersonal de Jutiapa, que, desacatando las recomendaciones del CC, sobre aplicar correctamente la ley, se atrevió a emitir sentencia a favor de un amparo interpuesto por un trabajo de la mina, sabiendo que no cumplía con los presupuestos procesales exigidos por ley, que fue anulada posteriormente”, explica el colectivo.
En el comunicado se hace un llamamiento a las organizaciones sociales, ambientalistas, religiosas y de derechos humanos de Guatemala y El Salvador, a la unidad en defensa del proceso de consulta ciudadana en cumplimiento de las leyes vigentes. Y revertir acciones que pretendan establecer actos de injusticia social a los pueblos.
“Así como pretenden deslegitimar nuestra consulta municipal de vecinos, quieren anular el proceso electoral presidencial del 2023, (presidente electo Bernardo Arévalo), violentando la democracia y el voto soberano del pueblo”, acotaron las organizaciones.
“Al soberano pueblo de Asunción Mita, lo llamamos a defender el voto expresado en nuestra legítima consulta y a realizar las acciones legales necesarias y llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), para el cumplimiento y restitución de nuestros derechos”, sugirieron las organizacines.
Sobre las obligaciones de las instituciones del Estado guatemalteco, pidieron al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial garantizar el “bien común y el respeto de la Constitución”, los que deberá prevalecer por encima de los intereses económicos de las industrias extractivas que atentan y destruyen el medio ambiente y contaminan agua, suelo y aire de la población.
“A la sociedad civil salvadoreña y la Comunidad Internacional pedimos que se solidaricen se pronuncien y tomen acciones a favor del pueblo de Guatemala en la lucha contra la corrupción y por la restauración de la democracia, los derechos humanos y el bien común”, solicitan las organizaciones firmantes del comunicado.
